Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
El cerco a La Paz cumple 14 días con la reactivación de 15 puntos de bloqueo en el departamento, informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El operativo de desbloqueo “Corredor Humanitario” se ejecutó desde la madrugada del sábado bajo custodia de la Policía y las Fuerzas Armadas, permitiendo el paso de 100 cisternas con combustible. Las movilizaciones coinciden con los seis meses de gestión del presidente Rodrigo Paz y responden a demandas salariales, abastecimiento y la anulación de leyes, según dirigentes de sectores campesinos e indígenas.
Los bloqueos se reinstalaron en el sector Río Seco, la vía El Alto–Copacabana y Laja; en Achica Arriba (carretera a Oruro), Calajahuira camino a Yungas y dos puntos en Viacha. Además, se reportan cierres en el puente Achuma (San Andrés de Machaca), Achiri, Huarina, Patacamaya, Sica Sica, Desaguadero, Curahuara de Carangas, Lahuachaca, Panduro, Colquiri, Palos Blancos y Pumazani.
Durante el operativo, cinco personas resultaron heridas y 47 fueron arrestadas, según la Defensoría del Pueblo. Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, atribuyó dos muertes en Ingavi y El Alto a los operativos de desbloqueo y llamó a continuar con las protestas, rechazando la propuesta de diálogo con el Gobierno.
El conflicto se origina en la Ley 1720 sobre la reclasificación de propiedades rurales para créditos bancarios, que provocó protestas de campesinos e indígenas de la Amazonía, quienes caminaron desde Pando hasta La Paz durante 24 días. Tras las presiones, el Gobierno inició la abrogación de la norma en el Parlamento. Jaime Condori, dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, declaró que los movilizados “exigen la renuncia del presidente Paz y no aceptan diálogo”.
Las restricciones han afectado la disponibilidad de alimentos, el suministro de gas y la atención médica. Se advirtió sobre desabastecimiento de oxígeno en hospitales, y las autoridades de Salud confirmaron tres muertes vinculadas a dificultades de acceso a atención médica, incluyendo un paciente con falla renal aguda en Candelaria (Guanay), una ciudadana de Bélice y una joven de 20 años en El Alto. Un niño de nueve años sufrió amputación parcial tras la detonación de un explosivo en su vivienda.
Además, maestros urbanos y rurales, que suman 174.000 afiliados, y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen movilizaciones con pliego de 211 demandas, incluyendo un aumento salarial del 20 %, no privatización de empresas estatales y desistimiento de leyes contra los bloqueos. El Gobierno considera inviable la medida por la crisis económica, con pronósticos de decrecimiento de entre 3,2 % y 3,3 % este año, y logró una tregua parcial con maestros urbanos mientras se negocian otras demandas.
El marco normativo que regula las movilizaciones en Bolivia incluye la Ley 2166 de Participación Ciudadana y la Ley de Seguridad Ciudadana. Este cerco urbano prolongado recuerda bloqueos previos en La Paz durante conflictos sociales de 2019 y 2020, con impactos sobre transporte, abastecimiento y seguridad en edificios gubernamentales.
El Gobierno anunció la convocatoria a un diálogo con los sectores movilizados previsto para este domingo. Las autoridades proyectan mantener los corredores humanitarios mientras persistan los bloqueos y prevén seguimiento al suministro de oxígeno, alimentos y gas en las zonas afectadas.
