Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
El Gobierno de Perú, encabezado de forma interina por José María Balcázar, decidió suspender la firma del contrato con Estados Unidos para la adquisición de cazas F-16 Block 70, prevista para el 17 de abril, en un giro que afecta directamente al proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y abre un frente político con Washington.
La ceremonia contaba con la presencia confirmada de altos cargos del Ejecutivo peruano, representantes diplomáticos de Estados Unidos y directivos de la empresa Lockheed Martin, fabricante del sistema de combate. Sin embargo, pocas horas antes de su celebración, el Ejecutivo anunció que la decisión quedaría en manos del próximo gobierno, previsto para asumir funciones en julio de 2026.
El propio Balcázar justificó la suspensión señalando que se trata de una operación de gran magnitud económica y estratégica, que implicaría un endeudamiento significativo para el país. “Mi gobierno es transitorio y terminamos en julio de 2026 (…) dejaríamos para el nuevo gobierno que enfrente temas de esta gran magnitud”, afirmó en declaraciones públicas.
La decisión paraliza una de las operaciones clave del programa de modernización de la FAP. El acuerdo contemplaba un primer desembolso de aproximadamente 2.000 millones de dólares para la adquisición de 12 aviones F-16 Block 70, junto con armamento, sistemas de mantenimiento y formación técnica para pilotos y personal especializado.
Este proyecto formaba parte de una estrategia más amplia para renovar una flota aérea considerada obsoleta por sectores militares, y mejorar la capacidad operativa del país en vigilancia, defensa y control del espacio aéreo.
La suspensión introduce incertidumbre en la planificación militar peruana, al retrasar un proceso que había sido trabajado por administraciones anteriores y que respondía a necesidades técnicas identificadas desde hace años.
A nivel regional, la paralización del contrato tiene implicaciones en el equilibrio de capacidades militares en Hispanoamérica. Varios países de la región han iniciado procesos de modernización de sus fuerzas aéreas, adquiriendo o evaluando sistemas de combate avanzados.
La incorporación del F-16 Block 70, uno de los modelos más recientes de la plataforma estadounidense, habría situado a Perú en una posición más competitiva en términos de capacidades aéreas dentro de su entorno regional.
La decisión de posponer la compra abre la posibilidad de que el próximo gobierno reconsidere no solo el calendario, sino también el proveedor, en un contexto en el que actores como China o Rusia han incrementado su presencia en el mercado de defensa de la Iberofonía.
El episodio ha generado una reacción inmediata desde el ámbito diplomático estadounidense. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, advirtió públicamente sobre las consecuencias de lo que calificó como una posible negociación de mala fe.
“Si negocian de mala fe con Estados Unidos (…) utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger la seguridad de nuestro país y la región”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.
Estas declaraciones reflejan la importancia estratégica que Washington otorga a los acuerdos de defensa, no solo como operaciones comerciales, sino como instrumentos de influencia geopolítica.
La industria militar estadounidense, representada en este caso por Lockheed Martin, constituye un elemento central de la política exterior de Estados Unidos, especialmente en regiones donde compite con otros proveedores globales.
La decisión del gobierno peruano se sitúa en la intersección entre responsabilidad fiscal, transición política y presión internacional. Por un lado, el Ejecutivo interino busca evitar comprometer al próximo gobierno en una operación de gran envergadura. Por otro, el retraso introduce fricciones con Estados Unidos y abre interrogantes sobre la orientación futura de la política de defensa peruana.
En términos estratégicos, el caso ilustra una tendencia más amplia en la Iberofonía: la creciente competencia entre potencias por influencia en los sectores de defensa y seguridad, donde cada contrato militar tiene implicaciones que trascienden lo técnico y se proyectan en el plano geopolítico.
El desenlace dependerá de la decisión del próximo gobierno peruano, que deberá elegir entre continuar con el acuerdo estadounidense, renegociarlo o explorar alternativas en un mercado de defensa cada vez más competitivo.
