La Justicia peruana amplía la prisión preventiva de Pedro Castillo

El expresidente y un exministro seguirán detenidos por decisión judicial


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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

El Poder Judicial de Perú ha decidido ampliar la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo y del exministro Geiner Alvarado, en el marco de las investigaciones abiertas por presuntos delitos vinculados a corrupción y organización criminal.

La resolución judicial extiende el periodo de detención preventiva mientras continúan las diligencias del caso, que busca esclarecer la posible participación de ambos en una red de adjudicación irregular de obras públicas durante el mandato de Castillo. La medida responde a la valoración del tribunal sobre riesgo de fuga y posible obstrucción a la justicia.

El Poder Judicial del Perú considera que existen elementos suficientes para mantener la privación de libertad mientras se desarrolla la investigación, en una causa que ha adquirido relevancia política e institucional en el país. La decisión se enmarca en una serie de procesos judiciales iniciados tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022.

Las defensas de los implicados han cuestionado la medida, argumentando que la prolongación de la prisión preventiva resulta desproporcionada y vulnera derechos fundamentales. No obstante, la fiscalía sostiene que la complejidad del caso y la magnitud de los hechos investigados justifican la extensión del plazo.

A nivel nacional, la decisión refuerza el papel del sistema judicial peruano en la gestión de casos de alta sensibilidad política, en un contexto de inestabilidad institucional y fragmentación del poder. El proceso contra Castillo continúa siendo uno de los principales focos de atención en la vida política del país.

En el plano regional, el caso se inscribe en una tendencia más amplia en la Iberoamérica, donde varios exmandatarios han sido objeto de investigaciones judiciales por presuntos delitos de corrupción. Estas dinámicas reflejan una mayor judicialización de la política y el fortalecimiento —con distintos grados— de los mecanismos de control institucional.

Por el momento, no se ha fijado una fecha para la conclusión del proceso, que continuará en fase de investigación mientras se mantiene la medida de prisión preventiva.

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