La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una medida cautelar que exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid iniciar de inmediato los procedimientos administrativos para crear un registro de profesionales sanitarios que declaren objeción de conciencia en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público de salud. Esta resolución responde a la solicitud del Ministerio de Sanidad tras la falta de actuación del ejecutivo regional para implementar esta obligación recogida en la legislación sobre aborto vigente desde 2023.
La resolución aclara que la medida cautelar no ordena la creación automática del registro, pero encomienda al gobierno autonómico iniciar todos los trámites previos para su elaboración y aprobación conforme a la ley aprobada en 2023. Dicha norma establece la creación de un listado estructurado de personal sanitario objetor, con acceso protegido para facilitar la organización sanitaria y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito público.
El tribunal recuerda que en diciembre de 2024, durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Comunidad de Madrid apoyó la elaboración de un protocolo homogéneo para todos los registros autonómicos de objetores. En esa reunión, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, aceptó que la objeción pueda ser total o parcial sin necesidad de justificarla y destacó la protección de los datos personales, especificando que el registro no sería público.
El Ministerio de Sanidad recurrió a la vía judicial tras no recibir respuesta de la Comunidad de Madrid a su requerimiento para poner en marcha el registro. La presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso había declarado anteriormente que no impulsaría la creación del registro, a pesar de la obligación establecida en la legislación nacional de 2023.
