Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
Panama Ports Company S.A. (PPC) comunicó el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá, conforme al contrato de concesión vigente y bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. La empresa indicó que la decisión se adopta tras un periodo de aproximadamente un año de actuaciones estatales que, según su posición, han afectado de forma directa y específica a sus operaciones portuarias.
En un comunicado, PPC sostuvo que dichas actuaciones habrían generado daños y riesgos adicionales para la gestión de los puertos concesionados, sin que se hayan aplicado medidas equivalentes a otros contratos del mismo sector. La compañía señaló que este contexto motivó la activación del mecanismo de resolución de controversias previsto en el propio contrato.
Antes de recurrir al arbitraje, la empresa afirmó haber realizado múltiples intentos de diálogo y consultas con distintas autoridades panameñas. De acuerdo con PPC, estas gestiones tenían como objetivo aclarar el alcance de las decisiones estatales y evitar una disputa legal, pero sus solicitudes no obtuvieron respuesta favorable ni precisiones consideradas suficientes por la concesionaria.
El arbitraje se fundamenta en el contrato de concesión suscrito hace cerca de tres décadas, que la empresa describió como un contrato-ley. Según PPC, este instrumento jurídico establece un marco de estabilidad y seguridad jurídica a largo plazo para las inversiones, y habría sido incumplido por el Estado mediante cambios en criterios legales previamente sostenidos durante años.
Como parte del trasfondo del conflicto, la compañía indicó que el Estado panameño habría revertido interpretaciones jurídicas anteriores y promovido, o respaldado, acciones judiciales orientadas a dejar sin efecto la concesión. PPC recordó que esta concesión fue otorgada mediante un proceso de licitación internacional, conforme a la normativa vigente en el momento de su adjudicación.
La empresa también se refirió a un comunicado del Órgano Judicial fechado el 29 de enero de 2026, relacionado con un fallo que declara inconstitucional la Ley N.° 5 de 1997. Según PPC, dicho fallo aún no ha sido publicado oficialmente ni ha entrado en vigor, pero habría sido invocado para justificar determinadas actuaciones estatales sobre las operaciones portuarias.
En su declaración, PPC subrayó que, pese al inicio del arbitraje, continuará operando los puertos bajo su administración y cooperando con las autoridades competentes. La empresa añadió que mantiene su disposición al diálogo institucional como vía para resolver la controversia, sin perjuicio de las acciones legales emprendidas.
Finalmente, la compañía señaló que se reserva todos los derechos que le asisten tanto a ella como a sus inversionistas, en el marco del procedimiento arbitral y de otros mecanismos legales disponibles. El proceso se desarrollará conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional y en los términos establecidos en el contrato de concesión.
