Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha puesto en primer plano una anomalía institucional que el propio marco legal español ya había previsto corregir. A más de un año de la entrada en vigor de la ley que ordenaba su creación, España sigue sin constituir la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, un organismo llamado a garantizar la separación efectiva entre investigación técnica y responsabilidad política.
La Ley 2/2024, aprobada en agosto de 2024, establecía de forma explícita que el estatuto orgánico de la nueva Autoridad debía aprobarse por real decreto en el plazo máximo de un año, como condición indispensable para su funcionamiento efectivo. Ese plazo venció en agosto de 2025. Sin embargo, a fecha de enero de 2026, el decreto sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pese a que su tramitación fue iniciada en abril del pasado año.
Esta situación ha sido denunciada formalmente por el Partido Popular en sede parlamentaria, que acusa al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de incumplir los plazos fijados por el propio legislador. En su escrito, los populares recuerdan que el decreto debía regular, entre otros aspectos clave, la financiación transitoria del organismo, hasta que este dispusiera de presupuesto propio, un punto que sigue sin resolverse.
Adamuz, investigado sin la nueva Autoridad
La consecuencia inmediata de este retraso es que la investigación técnica del siniestro de Adamuz no será asumida por la nueva Autoridad, sino por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano creado en 2007 en aplicación de las directivas europeas vigentes en aquel momento.
La CIAF, adscrita orgánicamente a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, actúa como órgano colegiado con independencia funcional, pero no cumple el modelo de autoridad administrativa independiente que la legislación de 2024 pretendía instaurar. Actualmente está presidida por Ignacio Barrón de Angoiti y cuenta con cinco vocales y un secretario, todos designados conforme al marco anterior.
La Comisión ya ha abierto el expediente del accidente y ha confirmado un balance de 41 personas fallecidas y 152 heridas, de las cuales 29 presentan lesiones graves. El procedimiento contempla un plazo de 21 días naturales para que víctimas y familiares se registren como parte interesada y accedan a la información disponible, siempre que ello no interfiera con la investigación.
Tal como establece su mandato, la CIAF no determina responsabilidades penales ni administrativas, limitándose a identificar causas técnicas y emitir recomendaciones de seguridad. Su informe podría estar concluido en aproximadamente un mes, aunque sus conclusiones no sustituirán eventuales actuaciones judiciales.
Incidencias previas en el tramo
En paralelo, ha trascendido que el último incidente registrado en el tramo Adamuz–Villanueva de Córdoba se produjo hace apenas cuatro semanas, tras la renovación de la infraestructura finalizada en mayo de 2025. Aunque este dato no implica por sí mismo una relación causal con el accidente, sí refuerza la atención pública sobre el historial técnico reciente del trazado, que previsiblemente será analizado por la Comisión.
Una reforma pendiente
La creación de una autoridad verdaderamente independiente respondía a una exigencia reiterada tanto por instancias europeas como por expertos en seguridad del transporte, precisamente para evitar conflictos de interés y reforzar la confianza pública tras accidentes de gran impacto. El retraso acumulado plantea interrogantes sobre la prioridad política otorgada a esta reforma, especialmente en un contexto marcado por una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años en España.
Mientras el real decreto no sea aprobado, el país seguirá operando con un modelo transitorio, en el que las investigaciones técnicas dependen de órganos adscritos al propio ministerio gestor de la red. El caso de Adamuz, por su magnitud y consecuencias, se convierte así en el primer gran accidente que pone a prueba las carencias del sistema antes de que la reforma prometida vea la luz.
Fuentes
– El Mundo, “El Gobierno acumula retraso en la creación de la autoridad de investigación de accidentes ferroviarios”
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2026/01/19/retraso-autoridad-investigacion-accidentes-ferroviarios.html
– Ley 2/2024, de 1 de agosto, BOE
https://www.boe.es/eli/es/l/2024/08/01/2
– Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, CIAF
https://www.transportes.gob.es/transporte-terrestre/seguridad/ciaf
