La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó el 26 de diciembre de 2025 sobre la excarcelación de 99 personas que habían sido privadas de libertad por su participación en hechos violentos registrados tras las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela. Según el comunicado oficial emitido por la institución, la medida se adoptó tras la evaluación individual de cada caso por parte de las instancias del Sistema de Justicia y el Gobierno Nacional, que determinaron la conveniencia de otorgar medidas cautelares bajo el marco de la legislación vigente.
La decisión se presenta en el contexto de las acciones promovidas por el presidente Nicolás Maduro para gestionar mecanismos orientados a propiciar condiciones de paz y normalidad institucional en el país, tras un periodo caracterizado por protestas y disturbios postelectorales. El comunicado destaca que la decisión corresponde a la necesidad de garantizar un trato ajustado a la legalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como proteger la estabilidad institucional.
Las excarcelaciones incluyen a personas detenidas bajo diversos cargos relacionados con la alteración del orden público luego de manifestaciones consideradas violentas. Las autoridades no han detallado públicamente la identidad de los excarcelados ni los criterios exactos usados para su selección, más allá de confirmar la revisión y aplicación de medidas establecidas en la ley venezolana.
Diversos sectores han manifestado opiniones variadas respecto al alcance de la medida. Mientras algunos actores institucionales señalan que la decisión busca mitigar tensiones y fomentar el diálogo político, organizaciones independientes solicitan mayor precisión sobre el proceso de revisión y transparencia en la aplicación de medidas a personas detenidas en el contexto de protestas.
Hasta la fecha del comunicado, no se han registrado reportes sobre nuevas detenciones masivas vinculadas a hechos postelectorales. Las instituciones venezolanas reiteran la continuación de políticas orientadas al mantenimiento del orden público y el respeto de las garantías legales de los ciudadanos.
