El Congreso aprueba el presupuesto de 2026

El presupuesto incrementa recursos y establece prioridades sectoriales


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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

El Congreso de la República de Perú aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2026. La aprobación se realizó por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que validó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 12255/2025-PE.

El monto total fijado asciende a 257 mil 561 millones 619 mil 143 soles, con un incremento de 5 mil 761 millones de soles, equivalente a un 2,3 por ciento respecto al presupuesto anterior.

La vigencia del presupuesto comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Algunas disposiciones específicas, como las relacionadas con medidas de personal, el otorgamiento de un bono excepcional y asignación por cumplimiento de metas en el sector salud, tendrán efectos legales al día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano.

El presupuesto aprobado detalla la distribución de recursos entre el Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, cubriendo gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. Entre las asignaciones destacan más de dos mil quinientos treinta y cinco millones de soles para el sector salud para asegurar la continuidad del Aseguramiento Universal en Salud, y diecinueve millones ochocientos mil soles destinados al sector justicia para fortalecer órganos jurisdiccionales y salas contenciosas.

Para seguridad ciudadana, el presupuesto establece un esquema de transferencia condicionada para mecanismos de prevención y control del crimen. El fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es una prioridad para el periodo fiscal 2026. La asignación de partidas respeta los límites globales y el principio de equilibrio presupuestario según la normativa vigente.

El proceso de discusión y aprobación enfatizó la importancia de dotar de recursos a los sectores prioritarios para cumplir objetivos específicos en salud, justicia y seguridad, manteniendo el equilibrio fiscal.

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