La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación el 6 de noviembre de 2025 contra tres magistrados de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los jueces involucrados son Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca. La denuncia sostiene que incurrieron en desobediencia y resistencia a la autoridad tras no ejecutar una orden emitida por el Tribunal Constitucional en un proceso iniciado meses antes.
Según la documentación presentada, el procurador público designado por el Jurado Nacional de Elecciones, Ronald Angulo Zavaleta, advirtió que los magistrados negaron acatar la decisión del Tribunal Constitucional que, en octubre de 2025, declaró fundada una medida cautelar para suspender los efectos de fallos judiciales relacionados con la inscripción del partido Unidad Popular. Esta medida se dictó en el marco de una demanda competencial instaurada por el Jurado Nacional de Elecciones contra el Poder Judicial para delimitar la competencia en materias electorales.
La acusación sostiene que los magistrados desobedecieron explícitamente la resolución del Tribunal Constitucional, la cual era obligatoria mientras se resolvía el fondo del litigio sobre la inscripción de organizaciones políticas. Esta situación, según el organismo electoral, afecta la autoridad de las decisiones del máximo órgano de control constitucional.
El conflicto ha generado un cruce institucional entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Corte Superior de Justicia de Lima, que podría derivar en nuevas decisiones por parte de la Fiscalía de la Nación o de otros órganos judiciales conforme avance la investigación. El caso está relacionado con la inscripción y participación de agrupaciones políticas en procesos electorales, tema central en la legislación vigente.
