La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión y por unanimidad el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria del 2 de junio y defendida por el diputado Orlando Miranda, del PSUV, quien señaló que el texto busca proteger la infraestructura, mejorar el mantenimiento y optimizar el servicio.
El cambio más relevante está en la apertura a un sistema eléctrico “moderno, mixto, autosustentable y responsable”, según la formulación defendida en el Parlamento. La reforma incluye 42 artículos e introduce un esquema de capital mixto y privado bajo régimen de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras.
El texto plantea diversificar actores en generación, transmisión, distribución y comercialización. La Asamblea informa de que el Estado venezolano conservaría un papel central en empresas mixtas donde la República mantenga más del 50% del capital social. También prevé compensaciones económicas a usuarios afectados por apagones o deficiencias en la calidad del suministro.
La reforma se produce en un sector especialmente sensible. El sistema eléctrico venezolano arrastra problemas de inversión, mantenimiento, capacidad de generación, distribución territorial y confianza ciudadana. La entrada de capital mixto puede ofrecer margen para recuperar infraestructura, pero también abre preguntas sobre tarifas, contratos, selección de operadores, control público y responsabilidad ante fallos del servicio.
La oposición parlamentaria presente en el debate también planteó observaciones. El diputado José Gregorio Correa, de AD, defendió que la legislación debe transformar el papel del Estado para garantizar seguridad jurídica e incentivar inversiones privadas y de organismos nacionales e internacionales.
El expediente eléctrico tiene dimensión nacional y regional. Venezuela es un país energético, pero su sistema eléctrico condiciona industria, servicios, vida urbana, producción petrolera, seguridad interna y capacidad de recuperación económica. La discusión parlamentaria marca el inicio de una reforma que puede redefinir la relación entre Estado, capital privado y usuarios.
