Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Los repetidos incidentes en los que fuerzas israelíes han puesto en peligro —o directamente han abierto fuego cerca de— cascos azules de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) han generado una larga serie de condenas diplomáticas, pero ninguna sanción económica, militar o política efectiva contra Israel en los marcos multilaterales que gobiernan la seguridad internacional.
Desde el punto de vista jurídico, la actuación de UNIFIL está regulada por la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada tras la guerra de 2006 entre Israel y Hizbulá. Este texto establece la obligación de todas las partes de respetar y proteger al personal de mantenimiento de la paz. Cada vez que una patrulla de la ONU es alcanzada, intimidada o amenazada por fuego israelí, la misión y la Secretaría General invocan la 1701 como base legal para denunciar una violación.
Sin embargo, la propia resolución no incorpora mecanismos automáticos de castigo. No prevé sanciones económicas, embargos de armas ni procedimientos de coerción cuando uno de los actores incumple sus disposiciones. En la práctica, la 1701 funciona como marco normativo y político, pero no como instrumento punitivo.
Condenas sin consecuencias
Tanto la UNIFIL como el Secretario General de la ONU han denunciado en múltiples ocasiones que los ataques o disparos israelíes contra sus efectivos constituyen una violación grave del mandato de la misión y del derecho internacional. De forma paralela, la Unión Europea y su Consejo Europeo han emitido comunicados calificando estos hechos de “inaceptables”, reclamando investigaciones y exigiendo el respeto del alto el fuego acordado en noviembre de 2024.
El patrón es constante:
condena pública, exigencia de explicaciones, pero ninguna medida coercitiva.
Ni el Consejo de Seguridad ni la Unión Europea han aprobado sanciones, suspensiones de cooperación militar ni restricciones comerciales en respuesta directa a los ataques contra UNIFIL o contra contingentes nacionales como el español.
Las únicas sanciones, por otros motivos
Las únicas sanciones recientes impuestas a responsables israelíes por gobiernos occidentales no están relacionadas con el Líbano ni con la ONU. En junio de 2025, países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega aplicaron sanciones personales —congelación de activos y restricciones de viaje— contra dos ministros del Gobierno israelí: Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir.
El bloqueo estructural
La razón principal de esta asimetría es política, no jurídica. Para que existan sanciones multilaterales contra un Estado se requieren dos cosas:
- Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, donde cualquiera de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) puede vetar una decisión.
- Un consenso en la Unión Europea u otros bloques regionales, que también depende de equilibrios internos y alineamientos estratégicos.
En el caso de Israel, Estados Unidos actúa como muro de contención diplomático, bloqueando o desincentivando cualquier intento de imponer sanciones duras en el Consejo de Seguridad. Esto hace prácticamente imposible que ataques contra UNIFIL —por graves que sean— se traduzcan en medidas punitivas reales.
Un vacío de responsabilidad
El resultado es un sistema en el que los cascos azules pueden ser atacados o puestos bajo fuego sin que el agresor pague un precio político o económico tangible. Las resoluciones se violan, las condenas se acumulan, pero la arquitectura internacional carece de mecanismos efectivos para proteger a quienes, en teoría, encarnan la autoridad colectiva de la comunidad internacional.
Para países como España, con tropas desplegadas en el sur del Líbano, esto crea una situación de riesgo estructural: sus soldados operan bajo un mandato que Israel puede ignorar sin consecuencias, respaldado por un sistema internacional incapaz —o no dispuesto— a hacer cumplir sus propias normas.
