Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
El Senado tiene previsto tratar hoy el proyecto de ley que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocido como reforma de la Caja Fiscal, pese a los pedidos de postergación formulados por gremios docentes y otros sectores afectados. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y fue remitida por el Poder Ejecutivo mediante el mensaje N.º 357/26.
Las solicitudes de suspensión del tratamiento fueron planteadas durante una reunión conjunta de comisiones del Senado, en la que participaron representantes sindicales y autoridades del Gobierno. El encuentro se extendió por varias horas y permitió la exposición de argumentos a favor y en contra del proyecto, sin que se anunciara una modificación del calendario legislativo.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, defendió la propuesta señalando que busca contener el deterioro financiero del sistema previsional público. Explicó que el déficit de la Caja Fiscal alcanzó en 2025 los USD 380 millones, con una proyección de crecimiento anual de aproximadamente USD 100 millones si no se adoptan medidas. Según indicó, el objetivo es estabilizar el déficit en torno al 0,8 % del producto interior bruto y mantener esa situación durante al menos una década.
Desde el sector docente, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, cuestionó el contenido y los plazos de la reforma. Sostuvo que el proyecto no contempla adecuadamente los derechos adquiridos y reclamó la incorporación de un régimen transitorio para los trabajadores próximos a cumplir los requisitos actuales de jubilación. Señaló que, de aprobarse la normativa sin cambios, algunos docentes deberían extender su vida laboral entre ocho y quince años adicionales.
Uno de los puntos más discutidos es el incremento del aporte, que pasaría del 16 % al 19 %. Piris propuso una redistribución del esfuerzo contributivo entre el Estado y los trabajadores, y criticó que el aumento del aporte laboral sea inmediato, mientras que el ajuste del aporte estatal se aplicaría de forma gradual hasta llegar al 5 %. También advirtió que el sector analiza medidas de presión, incluida la no iniciación de las clases previstas para el 23 de febrero.
En el ámbito parlamentario, varios senadores expresaron reservas sobre el proyecto. Basilio Núñez señaló que, sin una decisión inmediata, el sistema podría enfrentar situaciones similares a otros regímenes previsionales con dificultades de pago. Durante la audiencia pública, sus declaraciones generaron reacciones de los docentes presentes.
La senadora Esperanza Martínez criticó la falta de consulta previa y la rapidez del trámite legislativo, al considerar insuficiente el tiempo dedicado al análisis de un sistema con más de un siglo de vigencia. También cuestionó la información difundida sobre el aporte estatal, al señalar que habría generado confusión en la opinión pública. Por su parte, Lizarella Valiente planteó la necesidad de negociaciones sectoriales para atender las particularidades de cada grupo afectado.
El senador Eduardo Nakayama manifestó su acuerdo con la necesidad de una reforma, pero objetó la celeridad del tratamiento. Indicó que el proyecto no aborda de manera integral el déficit estructural y advirtió que, sin un aporte patronal significativo del Estado, el sistema seguirá siendo insostenible. Recordó que inicialmente se opuso a que el debate se realizara durante el receso parlamentario y reiteró que el análisis legislativo debería ser más amplio.
La sesión prevista para hoy definirá si el Senado sanciona la reforma o introduce modificaciones antes de su eventual promulgación.
