Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La presentación de una moción para destituir al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha abierto un nuevo frente político en el país tras el arresto y traslado del exmandatario Rodrigo Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI). La iniciativa fue registrada este lunes por el abogado André de Jesus y cuenta con el respaldo del diputado Jett Nisay, miembro del partido minoritario Pusong Pinoy.
La moción sostiene que el presidente comprometió la soberanía nacional y el orden constitucional al permitir la entrega de Duterte a las autoridades internacionales. Según el texto, esta actuación constituiría una violación de la Constitución y una quiebra de la confianza pública depositada en el jefe del Estado. Se trata de la primera iniciativa de este tipo contra Marcos Jr. desde que asumió la Presidencia en 2022.
Duterte se encuentra detenido en La Haya desde marzo, después de que el TPI emitiera órdenes de arresto en su contra. El tribunal le imputa tres cargos por crímenes contra la humanidad, entre ellos su presunta responsabilidad como coautor indirecto de 19 asesinatos cometidos entre 2013 y 2016, durante su etapa como alcalde de la ciudad de Dávao. Otros dos cargos se refieren a actuaciones atribuidas a su mandato como presidente del país.
Los promotores de la moción argumentan que, pese a la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, el Ejecutivo no debía facilitar la entrega del exmandatario. En este sentido, consideran que la cooperación con el TPI vulnera el marco constitucional vigente y excede las competencias del presidente.
Desde el Palacio Presidencial, la portavoz Claire Castro cuestionó la iniciativa y señaló que el diputado que la respalda figura en investigaciones relacionadas con un presunto escándalo de corrupción. Dichas pesquisas se centran en proyectos de control de inundaciones financiados con fondos públicos y valorados en aproximadamente 9.000 millones de euros. Castro afirmó que estas circunstancias restan credibilidad a la moción presentada ante las instituciones.
En un comunicado oficial, la Presidencia subrayó que la presentación de denuncias forma parte del sistema democrático previsto en la Constitución. “Respetamos este proceso y confiamos en que el Congreso desempeñará sus funciones con honestidad, integridad y fidelidad”, indicó la portavoz. Añadió que el presidente respeta plenamente la Constitución y confía en la solidez de las instituciones democráticas, al tiempo que continuará con la gestión de los asuntos públicos.
Las investigaciones sobre los proyectos de control de inundaciones apuntan a que contratistas privados se apropiaron de parte de los fondos mediante proyectos fantasma o ejecuciones deficientes en zonas afectadas posteriormente por los tifones Kalmaegi y Fung-wong. Estos fenómenos meteorológicos dejaron más de 250 muertos, según los datos disponibles.
La causa salpica a 37 senadores, miembros del Congreso y empresarios. Entre los señalados figura el congresista Zaldy Co, quien abandonó el país tras ser identificado como sospechoso del presunto desfalco. Co aseguró que el presidente Marcos estaba implicado en la trama, unas afirmaciones que el Gobierno ha rechazado como “especulaciones”.
La entrega de Duterte al TPI generó un amplio debate interno. El presidente defendió que Filipinas está obligada a cooperar con Interpol una vez emitidas las órdenes de arresto internacionales. En contraste, la vicepresidenta y hija del exmandatario, Sara Duterte, calificó la detención de “secuestro” y la atribuyó a una “persecución y opresión” del Gobierno, en un contexto de crecientes disputas políticas entre las familias Marcos y Duterte desde 2022.
