Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Para entender la situación peruana no hace falta ser peruano, pero sí conviene ordenar bien las piezas. Hoy Perú no vive una simple campaña electoral entre candidatos más o menos conservadores, progresistas o populistas. Lo que hay es algo más profundo: un Estado debilitado, una sucesión casi permanente de presidentes, un Congreso muy cuestionado, una población cansada de la inseguridad y la corrupción, y una pugna de fondo sobre quién manda realmente en el país y hacia qué eje internacional debe mirar. Ese es el contexto en el que reaparecen con fuerza nombres como USAID, la cooperación militar estadounidense, las ONG europeas, el puerto de Chancay y, por supuesto, los actores internos que han llevado al país hasta aquí.
Lo primero es ubicar a los nombres clave. Dina Boluarte fue la presidenta que gobernó tras la caída de Pedro Castillo y quedó asociada, para sus críticos, a un poder sostenido por la represión, el blindaje institucional y un acuerdo de supervivencia con sectores del Congreso. TeleSUR describió su etapa final como la de un gobierno con una legitimidad muy baja, sostenido por un “frágil marco político” y acompañado por protestas juveniles contra la corrupción, la inseguridad y la violencia estatal. En octubre de 2025, Boluarte fue apartada y el relevo recayó en José Jerí, entonces presidente del Congreso.
José Jerí no llegó como un líder con proyecto propio fuerte, sino como una figura de transición nacida del propio mecanismo institucional peruano: cae una presidencia, sube otra autoridad, y el país sigue sin resolver el problema de fondo. Jerí duró poco. En febrero de 2026 fue removido por el Congreso tras la polémica por reuniones no declaradas con Zhihua Yang, un empresario chino sometido a escrutinio por las autoridades peruanas, lo que añadió otra capa al relato dominante: la de un Perú donde la lucha por el poder ya no se lee sólo en clave interna, sino también como cruce entre influencias extranjeras rivales. Tras esa caída, quien juró como presidente fue José María Balcázar.
Dicho de forma sencilla, para que lo entienda cualquiera: Boluarte representa la fase de endurecimiento y desgaste, Jerí representa la transición fallida y Balcázar la continuidad provisional hasta las urnas. Ninguno de los tres ha conseguido estabilizar el país. Lo que existe ahora es un gobierno de paso administrando una crisis larga mientras el país se prepara para votar el 12 de abril de 2026, fecha fijada por los organismos electorales peruanos. La ONPE y el JNE tienen activo todo el dispositivo del proceso, con materiales de capacitación, padrón y cronograma en marcha.
A partir de ahí aparece la pregunta central: ¿quién está con quién y qué representa cada actor? Empecemos por Dina Boluarte. Su posicionamiento, visto desde la protesta social, fue el de una presidencia apoyada en el aparato estatal, las fuerzas de seguridad y un entendimiento funcional con el Congreso. TeleSUR presenta su etapa final como un momento en el que el gobierno respondió a la protesta con represión, mientras crecían el malestar por la inseguridad, las pensiones, la corrupción y la impunidad. En esa lectura, Boluarte quedó colocada del lado del orden interno duro y de la continuidad del esquema político heredado, no del lado de una ruptura soberanista.
Jerí, por su parte, no simbolizó un cambio de rumbo claro. Más bien encarnó la idea de que el sistema peruano cambia de cara sin cambiar de lógica. Aprendiz de Bukele, su caída tras el escándalo del empresario chino tuvo un efecto político muy fuerte, porque permitió a distintos sectores decir dos cosas a la vez: unos, que China también estaba metiendo mano en el tablero peruano; otros, que el problema no era China en sí, sino la extrema vulnerabilidad del poder peruano a cualquier red de influencia, sea estadounidense, europea o asiática. Por eso Jerí no quedó asociado a una doctrina estable, sino a la fragilidad del centro del sistema.
Balcázar tampoco llega como gran jefe político nacional, sino como gestor del interregno. Su papel es más administrativo que ideológico: mantener el orden constitucional mínimo hasta la elección. Eso lo hace importante institucionalmente, pero no lo convierte en el gran actor estratégico del momento. La pelea estratégica está en otro sitio: en los partidos, en las candidaturas y en la narrativa sobre la soberanía.
Aquí entra USAID, que no debería diluirse en fórmulas vagas. Cuando ciertos sectores peruanos hablan de “injerencia”, no hablan sólo de embajadas o discursos diplomáticos; hablan también de agencias concretas. USAID aparece en Perú como uno de los nombres propios de esa discusión porque el financiamiento exterior a proyectos de sociedad civil, “gobernanza”, institucionalidad o comunicación es interpretado por una parte del sistema político como una forma de moldear agenda interna. La cuestión no es sólo si financia o no, sino qué poder político otorga ese financiamiento en un país institucionalmente débil. USAID no es un detalle técnico: es uno de los símbolos de la penetración estadounidense por vía no militar. Esa lectura encaja con otra dimensión: la cooperación militar y estratégica entre Lima y Washington, que sectores críticos entienden como tutela de seguridad más que como ayuda neutral. La propia embajada de Estados Unidos presenta la relación bilateral como una asociación amplia en defensa, Amazonía, inversión y conectividad, mientras los sectores soberanistas leen esa misma arquitectura como capilaridad de influencia.
En paralelo, la Unión Europea aparece menos como actor de choque frontal y más como actor de presión normativa y de “cooperación”. Para explicarlo fácil: Estados Unidos es percibido por muchos críticos como el actor que pesa en seguridad, diplomacia e institucionalidad; la UE, como el actor que condiciona mediante estándares, fundaciones, proyectos y marcos regulatorios. No ocupa el centro emocional del debate tanto como Washington, pero forma parte del mismo ecosistema de influencia exterior. Esa es la razón por la que, en la narrativa soberanista, el problema no es sólo “Estados Unidos sí o no”, sino un conjunto occidental más amplio que incluye agencias, ONG, cooperación, observación y estándares.
Y luego está China, cuyo nombre se vuelve inevitable por el puerto de Chancay. Aquí conviene explicarlo con una imagen clara. Durante décadas, el horizonte natural del Perú en materia de poder global estaba muy condicionado por Estados Unidos y, en menor medida, por Europa. Chancay cambia esa conversación porque ofrece una infraestructura con la que muchos peruanos ven posible mirar más hacia Asia y depender menos de las rutas, tiempos y mediaciones tradicionales. Por eso Chancay no es sólo un puerto. Para unos, es el ejemplo de cómo China amplía influencia. Para otros, es la posibilidad de una salida comercial y estratégica menos subordinada a Occidente. La polémica alrededor del empresario chino que salpicó a Jerí refuerza esa lectura de fondo: Perú ya no está sólo dentro del viejo eje, sino en el centro de una disputa más amplia.
Con ese mapa, vamos a los partidos y candidatos de forma muy clara.
Keiko Fujimori y el espacio fujimorista representan, para entendernos rápido, la línea de orden, continuidad económica y relación funcional con Occidente, aunque con discurso duro hacia ONGs y actores que consideran parte de una red de presión interna. No son una fuerza antiestadounidense. Más bien se mueven en una lógica de apertura, inversión, control político y defensa del modelo, aunque puedan utilizar la bandera de la soberanía cuando les sirve para golpear a sus adversarios internos. En español llano: mano dura dentro, continuidad estratégica fuera. El fujimorismo no busca romper el vínculo con Washington, sino administrar a su modo el Estado peruano dentro de ese marco.
Rafael López Aliaga y la derecha más ideológica ocupan una posición parecida, pero más agresiva en el lenguaje. Se presentan como defensores del orden, la seguridad y la soberanía, pero esa “soberanía” suele ser selectiva. Les incomodan las ONGs, activistas, organismos de control considerados progresistas, pero no necesariamente la cooperación con Estados Unidos en inteligencia, seguridad o relación estratégica. Traducido: soberanismo contra el adversario interno, no necesariamente contra Washington. Eso explica por qué muchos análisis consideran que una victoria de esta derecha endurecería el control político doméstico sin cambiar el anclaje internacional de fondo.
En otro registro está Alfonso López Chau, que para muchos lectores no peruanos puede entenderse como una opción de autonomía moderada. No es una izquierda clásica de ruptura, pero tampoco una derecha de alineamiento automático. Su espacio intenta hablar de Estado, soberanía, desarrollo y margen de maniobra en un mundo multipolar. Dicho fácil: no quiere una ruptura total con Occidente, pero tampoco una obediencia automática. En un país tan fragmentado, esa posición puede resultar atractiva para quien no quiere ni la continuidad dura del establishment ni una aventura maximalista.
Más claramente soberanista aparece Roberto Sánchez y la llamada izquierda peruana que conecta la crisis con la dependencia estructural, la Constitución de 1993 y la subordinación a intereses externos. Este campo sí plantea que la injerencia no es un episodio, sino una forma de funcionamiento del régimen. Por eso enlaza temas que a veces otros separan: Constitución, arbitrajes internacionales, recursos naturales, política exterior e instituciones. Es la posición más cercana a una lectura de liberación nacional dentro de la campaña.
Mientras tanto, el humor social ha quedado muy marcado por las protestas juveniles y por campañas de castigo a la clase política. Incluso desde prensa occidental se reconoce la existencia de un profundo rechazo al Congreso y a las élites políticas, pero teleSUR va más lejos y lo describe como una “rebelión” de la Generación Z contra un sistema roto. Esa es una clave importante: aunque el debate geopolítico sea real, la población también está votando con la experiencia diaria de la extorsión, la violencia, la precariedad y el hartazgo. Por eso cualquier análisis serio tiene que unir injerencia exterior y descomposición interior. No basta con decir “Estados Unidos” o “China”; hay que explicar por qué el Estado peruano está tan roto que permite que esas influencias pesen tanto.
¿Y qué puede pasar? El dato decisivo no es sólo quién llegue, sino con qué legitimidad y con qué capacidad real de gobernar. Perú viene de tantos relevos y choques institucionales que la pregunta de fondo ya no es únicamente “quién gana”, sino si el que gane podrá durar y mandar de verdad. Ese es el corazón del problema. Balcázar administra el tránsito, Boluarte dejó un país crispado, Jerí confirmó la fragilidad del relevo, y ahora la campaña se juega entre quienes quieren administrar el viejo esquema, quienes quieren negociar más autonomía y quienes quieren romper el marco heredado.
La conclusión, explicada sin jerga, es esta: Perú no está eligiendo sólo presidente. Está intentando decidir si sigue siendo un país gobernado por un equilibrio inestable entre Congreso, élites, cooperación occidental y crisis permanente; si busca una salida de mayor autonomía negociando entre Washington y Asia; o si deriva otra vez hacia un gobierno débil atrapado por los mismos poderes que han bloqueado al país durante años. Boluarte representa el desgaste del sistema, Jerí la transición quebrada, Balcázar el interinato, USAID la discusión sobre influencia estadounidense, Chancay la puerta asiática, y los partidos se reparten entre la continuidad dura, el soberanismo selectivo, la autonomía moderada y la ruptura soberanista. Ese es, en términos simples, el tablero real del Perú que llega a las urnas.
