La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú certificó el 17 de mayo los resultados definitivos de las elecciones generales del 12 de abril y confirmó la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Fujimori obtuvo el 17,19 % de los votos, Sánchez el 12,03 % y Rafael López Aliaga quedó en tercer lugar con el 11,91 %.
La proclamación ratifica el escrutinio finalizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) después de una revisión prolongada. El proceso se extendió por más de 5.000 actas impugnadas y más de 60.000 actas observadas, bajo evaluación de 60 jurados electorales especiales. La jornada del 12 de abril registró demoras en apertura de mesas, especialmente en Lima y Estados Unidos, lo que alimentó denuncias de fraude por parte de López Aliaga.
El balotaje queda fijado para el 7 de junio. La elección enfrenta dos polos con trayectorias políticas opuestas: Fujimori, heredera de Fuerza Popular, y Sánchez, candidato de Juntos por el Perú vinculado al legado político del expresidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso. La fragmentación queda reflejada en el dato de votos blancos y nulos: 16,84 %, equivalente a 3.418.321 sufragios, una cifra superior a la obtenida por cualquier candidato individual.
La segunda vuelta peruana no afecta solo al Ejecutivo. Perú concentra intereses mineros, gasíferos, portuarios y comerciales en el Pacífico, con participación de empresas extranjeras y presencia creciente de China en infraestructuras logísticas. El resultado electoral condicionará contratos extractivos, estabilidad parlamentaria, política exterior, integración regional y relación entre Lima, regiones mineras y comunidades rurales.
La disputa institucional se produce tras una década de alta rotación presidencial, conflictos entre Ejecutivo y Congreso y desconfianza acumulada hacia los órganos electorales. El margen que separó a Sánchez de López Aliaga mantiene abierta la presión política sobre la legitimidad del cierre de primera vuelta y sobre el relato con el que ambos bloques entran al balotaje.
