La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Perú entra en la última semana antes de la segunda vuelta presidencial con una campaña marcada por cuatro frentes simultáneos: el intento de Roberto Sánchez de ampliar su base política, el ataque de Keiko Fujimori contra la credibilidad de su rival, la suspensión del paro de transportistas en Lima y Callao y el despliegue de control electoral del Jurado Nacional de Elecciones.
El movimiento más relevante ha llegado desde Juntos por el Perú, que presentó un nuevo plan de gobierno para la segunda vuelta. Según explicó Anahí Durand, integrante del equipo técnico de la candidatura de Roberto Sánchez, el documento recoge aportes de organizaciones aliadas como Ahora Nación, Primero la Gente y Venceremos, y pone el acento en la industrialización, la generación de empleo y la gobernabilidad. La dirigente definió el modelo económico propuesto como un “estado de economía de mercado abierta” respetuoso de los tratados internacionales de libre comercio.
El giro tiene una lectura política evidente. Sánchez intenta presentarse como una opción de gobierno capaz de sumar sectores más amplios que los de su primera vuelta y evitar una imagen de ruptura económica en un país sensible a la estabilidad macroeconómica. Durand sostuvo que el nuevo documento responde a la “correlación de fuerzas” surgida tras la primera vuelta y que la prioridad es impedir que Perú siga atrapado en ciclos de crisis institucional, vacancias y bloqueo político.
Desde Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha intentado convertir ese reposicionamiento en un flanco de ataque. Tras el debate presidencial, la candidata acusó a Roberto Sánchez de “falta de credibilidad” y cuestionó una referencia del candidato al exministro de Economía Luis Miguel Castilla. Fujimori afirmó desde Tarapoto que Sánchez fue desmentido en directo y sostuvo que la ciudadanía está conociendo mejor a su rival, mientras ella asegura haber priorizado propuestas y no respuestas a cuestionamientos sobre el caso Cócteles o el Congreso.
La campaña también ha quedado cruzada por la tensión social en el transporte. Los gremios urbanos de Lima y Callao suspendieron el paro previsto para este martes 2 de junio tras una reunión con la Autoridad de Transporte Urbano y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. La suspensión se produjo después del compromiso del Ejecutivo de emitir un decreto de urgencia para oficializar un subsidio temporal y focalizado por kilómetro recorrido.
La decisión evita una paralización de alto impacto en plena recta final electoral, cuando cualquier conflicto urbano en Lima puede alterar la percepción de gobernabilidad y alimentar el clima de desgaste institucional. El acuerdo con los transportistas no cierra el problema de fondo, pero sí reduce un foco inmediato de presión social durante los últimos días de campaña.
En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones ha activado restricciones y fiscalización nacional. Andina informó que desde el lunes 1 de junio está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto, con sanciones que pueden alcanzar entre 10 y 100 UIT, equivalentes a entre 55.000 y 550.000 soles. El organismo electoral también anunció el despliegue de más de 28.000 fiscalizadores para verificar el cumplimiento de las restricciones antes, durante y después de la jornada electoral.
La segunda vuelta peruana queda así atravesada por una doble disputa: por un lado, la batalla política entre una candidatura que intenta moderar su imagen y otra que busca fijar a su rival como opción inconsistente; por otro, la capacidad del Estado para sostener orden social, transporte urbano y control electoral en los días finales antes de la votación.
