La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Perú atraviesa una crisis política doble antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026. Por un lado, el pase de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quedó marcado por la ofensiva de nulidades y denuncias de fraude impulsadas tras su remontada con el voto rural. Por otro, el presidente interino José María Balcázar afronta una moción para ser destituido después de congelar la compra de una flota de cazas F-16 Block 70 a Estados Unidos. Ambos frentes forman parte de una misma disputa: quién controla el Estado peruano durante una transición electoral altamente inestable.
La primera batalla se abrió con el escrutinio de la primera vuelta. Keiko Fujimori consolidó su pase al balotaje con alrededor del 17 % de los votos, mientras Roberto Sánchez remontó desde posiciones inferiores gracias al voto rural y desplazó a Rafael López Aliaga del segundo lugar. El recuento fue lento por la geografía del país, por problemas logísticos y por la llegada tardía de votos de zonas rurales y del exterior. En ese contexto, el avance de Sánchez reabrió una fractura histórica: Lima contra el interior, el voto urbano contra el voto rural, y el sistema político centralista contra las regiones andinas y populares.
La reacción fue inmediata. Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, presentó pedidos de nulidad contra 98 mesas de Cajamarca, una región donde Sánchez obtuvo un respaldo significativo. La diferencia entre ambos candidatos era estrecha y esas mesas podían influir en el resultado final. Según la cobertura de El País, la disputa por el segundo puesto quedó trasladada a los tribunales electorales, con miles de actas bajo revisión y un clima de desconfianza alimentado por acusaciones de fraude sin pruebas concluyentes.
El movimiento recuerda a la crisis de 2021, cuando se intentó anular voto rural tras la victoria de Pedro Castillo. En 2026 reaparece una lógica parecida: cuando el interior altera el resultado esperado por los sectores limeños, se cuestiona la validez de sus actas, su forma de conteo o la legitimidad política de quienes votaron allí. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo descartaron indicios de fraude generalizado, pero la narrativa de ilegitimidad ya quedó instalada en parte del debate público.
La presión sobre Sánchez no es solo aritmética. También es simbólica. El candidato que entró en la segunda vuelta por el voto rural llega al balotaje bajo sospecha inducida, con sus adversarios discutiendo no únicamente su programa, sino la legitimidad de los votos que lo colocaron allí. Si queda fuera por nulidades, sus votantes podrán leerlo como una exclusión institucional. Si entra definitivamente, llegará debilitado por una campaña previa de desconfianza. Y si vence, la narrativa de fraude ya habrá sido sembrada antes de la votación definitiva.
Mientras esa batalla electoral sigue abierta, Perú afronta otro frente todavía más delicado: la ofensiva parlamentaria contra José María Balcázar. El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, aseguró contar con los votos necesarios para destituir al presidente interino mediante una moción de censura. Según Infobae Perú, la iniciativa ha sumado respaldos después de la crisis abierta por aplazar la compra de una flota de aviones F-16 a Estados Unidos, y el debate interno ya no gira solo sobre los votos, sino también sobre quién sucedería a Balcázar si finalmente cae.
El detonante fue la decisión de Balcázar de frenar o aplazar la compra de 24 cazas F-16 Block 70, valorada en unos 3.500 millones de dólares, al considerar que un Gobierno de transición no debía comprometer al próximo Ejecutivo con una adquisición militar de semejante escala. La operación incluía aeronaves de Lockheed Martin, aunque también existían ofertas de la sueca Saab y la francesa Dassault Aviation. Para Balcázar, cerrar ese contrato en plena transición habría supuesto hipotecar al próximo Gobierno; para sus adversarios, paralizarlo equivale a poner en riesgo la defensa nacional.
La dimensión geopolítica es evidente. La compra de F-16 no es una simple renovación técnica de la Fuerza Aérea peruana. Implicaría reforzar la dependencia militar de Perú respecto a Washington, incluyendo entrenamiento, repuestos, mantenimiento, doctrina, interoperabilidad y relación estratégica de largo plazo con Estados Unidos. En plena segunda vuelta, esa decisión tiene una carga política enorme: compromete presupuesto, defensa, alineamiento exterior y margen de maniobra del próximo Gobierno.
La crisis de Balcázar conecta así con la crisis electoral. Perú discute al mismo tiempo qué votos cuentan y quién puede tomar decisiones estratégicas antes del cambio de mando. El Congreso intenta desplazar al presidente interino por frenar una compra militar estadounidense; los sectores desplazados del balotaje intentan judicializar el ascenso de Sánchez; y los organismos electorales quedan atrapados entre actas observadas, nulidades, presión mediática y acusaciones cruzadas.
El país llega a este punto después de unas elecciones descritas como unas de las más complejas de su historia reciente: más de cuarenta partidos, una cédula enorme, retorno a la bicameralidad, retrasos en mesas, problemas logísticos, voto exterior demorado y actas bajo revisión. Esa combinación ha convertido cada procedimiento técnico en una batalla política. La logística electoral dejó de ser administración; la defensa aérea dejó de ser planificación militar; y la transición presidencial dejó de ser trámite institucional.
Perú vive bajo una forma de parlamentarismo de choque, donde cada presidente interino queda expuesto a mociones, censuras, vacancias y presiones cruzadas. Balcázar llegó al cargo para administrar una transición breve, pero ahora se enfrenta a una posible destitución antes de la segunda vuelta. Sánchez llegó al segundo lugar por el voto rural, pero su pase queda rodeado de nulidades y sospechas. En ambos casos, el Estado aparece sometido a una tensión permanente entre urnas, Congreso, tribunales electorales y contratos estratégicos.
La pregunta central ya no es solo quién ganará el 7 de junio. La pregunta es si Perú podrá llegar a esa segunda vuelta con un árbitro electoral creíble, un Ejecutivo todavía en pie y una cadena de mando capaz de resistir la presión parlamentaria y exterior. La ofensiva contra Sánchez y la ofensiva contra Balcázar no son episodios separados: son dos síntomas de una misma crisis de poder.
Perú vuelve a mostrar que sus elecciones no terminan cuando se cierran las urnas. Empiezan otra vez en los tribunales, en el Congreso, en los despachos militares y en los contratos con Estados Unidos. El voto rural y los F-16 han abierto dos frentes distintos, pero ambos apuntan al mismo lugar: el control del Estado peruano durante una transición que todavía puede romperse antes de la segunda vuelta.
Fuentes: El País, Infobae Perú, RT, La República, Associated Press, teleSUR.
