Olman Ricardo Gregori Alas
(El Salvador) Licenciado en Relaciones Internacionales por la UFG (Universidad Francisco Gavidia), con especialización en Gestión del Talento Humano y Desarrollo de Competencias. Actualmente se desempeña como analista e investigador para el canal de YouTube Insubordinación Mexicana, de la Asociación Cultural Vanguardia Mexicana. Ha trabajado como asistente académico en el CIBEI (Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales de Colombia) y como panelista virtual para la Universidad de Oriente (UNIVO).
Óscar Arnulfo Romero no fue asesinado en un vacío histórico. Su muerte, el 24 de marzo de 1980, llegó cuando El Salvador se encontraba ya sumido en una crisis política, militar, social y religiosa que anunciaba la guerra civil. El arzobispo de San Salvador había pasado, en apenas tres años, de ser visto por muchos como una figura prudente, institucional y aceptable para los sectores conservadores, a convertirse en la voz pública más escuchada por los campesinos, obreros, perseguidos, familiares de desaparecidos y víctimas de la represión.
Nacido el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, en el departamento salvadoreño de San Miguel, Romero fue el segundo de ocho hermanos. Hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdámez, entró muy joven en el seminario menor de San Miguel, continuó su formación en San Salvador y después estudió Teología en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana. Allí fue alumno de Giovanni Battista Montini, el futuro Pablo VI, el mismo papa que décadas más tarde lo nombraría arzobispo de San Salvador.
Su carrera eclesiástica fue larga y ordenada: sacerdote en 1942, párroco en El Salvador, secretario de la Conferencia Episcopal, obispo auxiliar de San Salvador en 1970, obispo de Santiago de María en 1974 y, finalmente, arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977. Aquel nombramiento no fue recibido con entusiasmo por todos. Parte del clero vinculado a la opción preferencial por los pobres hubiera preferido a Arturo Rivera y Damas. Romero era percibido por muchos como un hombre moderado, incluso como una figura que podía frenar el avance de los sectores eclesiales más comprometidos con las comunidades campesinas.
Pero el país lo cambió.
En febrero de 1977, mientras Romero asumía la arquidiócesis, El Salvador vivía unas elecciones presidenciales denunciadas por la oposición como fraudulentas. La protesta popular en la Plaza Libertad fue reprimida con violencia. Al mismo tiempo, sacerdotes extranjeros eran expulsados y la Iglesia más cercana a los pobres comenzaba a ser tratada como enemiga política. Romero entendió pronto que su cargo no se desarrollaría en una normalidad pastoral, sino en un escenario de persecución, miedo y muerte.
El punto de ruptura llegó el 12 de marzo de 1977. Ese día fue asesinado el jesuita Rutilio Grande, amigo personal de Romero, junto a dos campesinos. Grande había impulsado comunidades eclesiales de base y formas de organización campesina en Aguilares. Su muerte golpeó al arzobispo en lo personal, pero también en lo histórico. Desde entonces, Romero dejó de ser un administrador eclesiástico y se convirtió en testigo público de una nación desgarrada.
Su respuesta fue inmediata: convocó una misa única para mostrar la unidad de la Iglesia frente al asesinato. La celebración, realizada el 20 de marzo de 1977 en la plaza Barrios de San Salvador, desafió la oposición de sectores eclesiásticos y diplomáticos. Allí comenzó a forjarse el Romero que escucharía el pueblo salvadoreño cada domingo a través de la radio diocesana YSAX.
Sus homilías se convirtieron en crónica nacional. En ellas enumeraba asesinatos, desapariciones, torturas, capturas arbitrarias y abusos cometidos por cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte. También cuestionó la violencia insurgente, pero su denuncia central apuntaba al aparato represivo del Estado y a las redes civiles y militares que actuaban en nombre del anticomunismo.
Romero no hablaba solo para los templos. Hablaba para un país que ya no tenía tribunales, prensa libre ni cauces políticos suficientes para denunciar sus muertos. Por eso miles de salvadoreños escuchaban sus homilías como si fueran un parte moral de guerra. Para las víctimas, era protección; para los poderosos, acusación.
En 1980, la tensión ya era insoportable. El 2 de febrero, la Universidad Católica de Lovaina le concedió el doctorado honoris causa por su defensa de los derechos humanos. Allí pronunció uno de los discursos que mejor resumen su pensamiento: “Las mayorías pobres de nuestro país son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas”. Romero no hablaba de pobreza como abstracción caritativa, sino como realidad histórica concreta. Para él, la persecución a la Iglesia se explicaba porque una parte de esa Iglesia se había puesto del lado de los pobres.
El 9 de marzo de 1980 apareció un primer intento de asesinato. En la basílica del Sagrado Corazón de Jesús fue localizado un portafolios con una bomba bajo el altar mayor. Según el relato incluido en el texto original, el artefacto estaba compuesto por detonadores eléctricos, baterías y dinamita comercial. Romero debía oficiar allí una misa en memoria de Mario Zamora Rivas, dirigente democristiano asesinado semanas antes. No hubo una investigación eficaz.
El domingo 23 de marzo de 1980, Romero pronunció su homilía más recordada. Se dirigió directamente a soldados, guardias nacionales, policías y miembros de los cuarteles. Les dijo que eran hombres del mismo pueblo y que no estaban obligados a obedecer una orden inmoral:
“Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla.”
Y cerró con una frase que quedó grabada en la historia política de El Salvador:
“En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: cese la represión.”
Al día siguiente, lunes 24 de marzo, Romero celebraba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia, en la colonia Miramonte de San Salvador. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, un francotirador disparó desde un vehículo. La bala le alcanzó el corazón en el momento de la celebración eucarística. Tenía 62 años.
La Comisión de la Verdad para El Salvador concluyó después que el exmayor Roberto d’Aubuisson Arrieta dio la orden de asesinar al arzobispo y encargó a miembros de su entorno organizar y supervisar la ejecución. La documentación recogida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador reproduce que D’Aubuisson, Álvaro Saravia y Fernando Sagrera estuvieron reunidos el día del crimen, que Eduardo Ávila avisó de la misa, y que el operativo incluyó un francotirador transportado hasta la capilla. La misma documentación señala que el disparo salió de un vehículo rojo Volkswagen de cuatro puertas y que se ordenó un pago de 1.000 colones a los implicados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió que la Comisión de la Verdad investigó el asesinato como un caso ilustrativo de la actuación de los escuadrones de la muerte y que la autoría intelectual fue atribuida a D’Aubuisson, fundador de ARENA.
Investigaciones periodísticas posteriores añadieron nombres y detalles. Diversos trabajos citan al ex capitán Álvaro Rafael Saravia como pieza clave del operativo. Otros relatos periodísticos han señalado a Marino Samayor Acosta, sargento de la extinta Guardia Nacional, como posible autor material del disparo. Esa línea ha sido difundida en investigaciones y reportajes sobre la reapertura del caso Romero.
El crimen no apagó el apoyo popular. Lo multiplicó.
El funeral de Romero, celebrado el 30 de marzo de 1980 en la catedral metropolitana de San Salvador, se convirtió en una demostración masiva de duelo nacional. La multitud acudió a despedirlo en un ambiente de tensión extrema. La jornada terminó en tragedia: explosiones, disparos, pánico y una estampida dejaron decenas de muertos, muchos aplastados o asfixiados. El propio funeral confirmó que Romero no era ya solo un arzobispo asesinado, sino un símbolo colectivo disputado por el pueblo, la Iglesia y el poder armado.
La dimensión continental de su figura siguió creciendo durante décadas. En 2015, su beatificación en la plaza Salvador del Mundo reunió a unas 300.000 personas, según estimaciones publicadas por varios medios, en uno de los mayores actos religiosos y populares de la historia reciente salvadoreña.
El 14 de octubre de 2018, el papa Francisco canonizó oficialmente a Óscar Arnulfo Romero en el Vaticano, junto a Pablo VI y otros beatos. Vatican News recuerda que Romero fue reconocido en 2015 como mártir “por odio a la fe” y que fue asesinado mientras celebraba misa el 24 de marzo de 1980.
En paralelo, el caso Romero sigue siendo utilizado para revisar las redes internacionales de la Guerra Fría en Centroamérica. Algunas publicaciones, entre ellas Nueva Tribuna, citando a Cubaperiodistas e Insurgentes, han vinculado al diplomático venezolano Edmundo González Urrutia con la embajada venezolana en San Salvador durante los años ochenta y con presuntas conexiones contrainsurgentes, escuadrones paramilitares y estructuras vinculadas al conflicto salvadoreño. Esas publicaciones sostienen que González Urrutia habría participado en dinámicas de apoyo político y logístico desde la misión diplomática venezolana.
Sin embargo, este punto debe formularse con precisión: las acusaciones directas sobre su participación en el asesinato de Romero no aparecen en los informes oficiales de la Comisión de la Verdad ni de la CIDH.
Por tanto, la crónica puede recoger esa línea como acusación política y periodística difundida por determinados portales, pero no como hecho judicialmente probado en relación directa con el magnicidio de 1980. Lo que sí queda establecido por las investigaciones oficiales es la responsabilidad intelectual atribuida a Roberto d’Aubuisson y a su entorno de escuadrones de la muerte.
Romero había anticipado su final. Poco antes de morir declaró:
“He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle, como cristiano, que no creo en la muerte sin resurrección: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño.”
También dejó una frase que explica por qué su figura sobrevivió a sus asesinos:
“Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás.”
Esa es la clave de su permanencia. Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por un aparato que quiso silenciar una voz, pero terminó multiplicando una memoria. Para unos, sigue siendo santo y mártir. Para otros, una figura incómoda de la Guerra Fría. Para El Salvador, continúa siendo una herida abierta. Para la Iberofonía, es uno de los nombres mayores de esa tradición espiritual y política en la que la palabra pública se paga, a veces, con la vida.
Fuentes: Comisión de la Verdad para El Salvador, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Vatican News, El Faro, El País, RTVE, Nueva Tribuna, Cubaperiodistas, Insurgentes.
