La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe titulado “Desaparición de Personas en México”, que documenta las políticas implementadas por el Estado mexicano para enfrentar las desapariciones desde 2018. Para junio de 2025, el informe indica que hay más de 128 mil personas desaparecidas y que existen estimaciones externas sobre más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo estatal.
La CIDH atribuye una cantidad considerable de desapariciones al crimen organizado, pero también registra desapariciones forzadas vinculadas a autoridades estatales, algunas en coordinación con grupos criminales. Reconoce además el trabajo de familias, colectivos y organizaciones dedicadas a la búsqueda y a la lucha por la justicia.
El informe contiene 40 recomendaciones para fortalecer las políticas públicas relacionadas con la prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación. Señala problemas en el registro y seguimiento de casos, identificando la prevención como una de las áreas más rezagadas. Valora la aprobación en 2025 de la nueva estrategia de seguridad pública que incluye una política de “atención a las causas”, aunque advierte que la impunidad se mantiene como un desafío debido al bajo número de casos judicializados y sentencias emitidas.
El documento resalta los riesgos que enfrentan quienes participan en la búsqueda y las dificultades de coordinación entre entidades responsables. En materia de identificación humana, la CIDH señala la necesidad de reforzar centros especializados y adoptar métodos para identificar masivamente los restos. Destaca avances como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020 y la creación de direcciones especializadas para atender a familiares y colectivos, pero subraya deficiencias administrativas y lentitud en el acceso a apoyos.
Respecto a la recuperación de la memoria y verdad, el informe destaca la constitución de la comisión de la verdad sobre la “Guerra Sucia”, y la importancia de la colaboración de instituciones militares para facilitar el acceso a la justicia. Entre las recomendaciones finales figuran mejorar la coordinación interinstitucional, garantizar la interoperabilidad de registros y bancos de datos, reforzar apoyos económicos para familias afectadas y avanzar en proyectos de memoria, verdad y justicia. La CIDH se ofrece a brindar asistencia técnica para implementar estas medidas.
