Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado una nueva purga en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, reforzando su control absoluto sobre el Poder Judicial tras la renuncia de cinco de los diez magistrados del alto tribunal. Las vacantes han sido cubiertas de inmediato con figuras estrechamente vinculadas al sandinismo, en un proceso descrito por analistas como un simple trámite para sellar el dominio del Ejecutivo sobre una institución ya profundamente debilitada.
La propuesta de nuevos magistrados, firmada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, no será objeto de debate parlamentario, ya que la Cámara, controlada por el oficialismo, se limita a aprobar sin objeciones las decisiones emanadas desde la residencia presidencial de El Carmen. Según fuentes consultadas por Infobae, la renuncia de los magistrados salientes no altera el funcionamiento del sistema judicial, dado que su rol era prácticamente ceremonial y se limitaba a ejecutar órdenes directas del régimen.
La reforma constitucional aprobada en febrero de 2025 ya había reducido el número de magistrados de 16 a 9 y eliminado cualquier vestigio de independencia judicial, convirtiendo a la Corte Suprema en un órgano subordinado al Ejecutivo. Con esta nueva maniobra, Ortega fortalece aún más su capacidad para controlar procesos judiciales, perseguir a opositores y consolidar un sistema sin contrapesos.
Entre los nuevos nombres propuestos destaca la fiscal general Ana Julia Guido, cuestionada por organismos internacionales por su participación en la creación de expedientes contra presos políticos. También figuran los magistrados Octavio Rothschuh Andino y Ernesto Rodríguez Mejía, ambos señalados por intervenir en procesos ilegales que despojaron de la nacionalidad a críticos del régimen y sancionados por Estados Unidos.
Los otros candidatos, Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo, completan una lista marcada por la lealtad al oficialismo, lo que garantiza que la Corte Suprema continúe funcionando como una extensión del poder presidencial. Con estas designaciones, Ortega afianza un control que ya abarca el Legislativo, el Ejército, la Policía y el aparato electoral, profundizando el desmantelamiento institucional en Nicaragua.
