Jaime
Entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que otorga a TELCOR facultades ampliadas para requerir información estadística y georreferenciada a proveedores de servicios digitales e internet, dentro de un marco que, según voces críticas, consolida un sistema de vigilancia masiva.
La normativa se superpone con instrumentos previos —Ley de Ciberdelitos y Ley de Agentes Extranjeros— aplicados desde 2018, lo que ha suscitado alertas por el posible impacto en la libertad de expresión y privacidad. El País.
Opositores como Alexa Zamora (en la foto) y Néstor Arce afirman que el cruce de metadatos, ubicación y tráfico permitiría mapear redes de comunicación y patrones de consumo informativo. El Gobierno defiende la ley como “modernización del sector”, mientras opositores señalan que normas acumulativas han propiciado cierre o exilio de medios y ONG, con VPN y cifrado como herramientas ciudadanas de autoprotección.
A nivel operativo, los proveedores deberán ajustar protocolos de entrega de datos y retención; la medida llega tras años de reformas regulatorias que han modificado el entorno mediático y asociativo, y en vísperas de un ciclo de rendición de cuentas ante organismos internacionales.
La “comunidad internacional” seguirá el despliegue de reglamentos y la práctica administrativa de TELCOR; observadores sugieren monitorear tiempos de respuesta, criterios y proporcionalidad en la solicitud de información, así como eventuales amparos.
