La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Colombia prepara la presentación de un nuevo mapa satelital de cultivos de hoja de coca correspondiente al primer trimestre de 2026. El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno publicaría esa medición en medio de una intervención sobre seguridad, paz y economías ilícitas. La Presidencia colombiana recogió sus palabras en un comunicado del 17 de mayo, donde el mandatario vinculó el nuevo mapa con la necesidad de replantear el camino hacia la paz.
El anuncio no es un dato técnico aislado. Forma parte de una disputa más amplia sobre la medición de los cultivos ilícitos, la productividad real de la cocaína, la política de erradicación y la relación de Colombia con Estados Unidos. En enero, el Gobierno ya había presentado un informe del Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos con corte a agosto de 2025, según el cual el crecimiento de los cultivos de coca se había reducido en 56,9% durante los últimos tres años.
Petro ha utilizado esta línea estadística para defender su política de sustitución voluntaria frente a la erradicación forzosa. En abril afirmó que las mayores reducciones se registraban en la frontera con Ecuador, en regiones como Nariño, Putumayo y Catatumbo, territorios donde confluyen cultivos ilícitos, grupos armados, rutas de narcotráfico, economías campesinas y presión militar.
El mapa puede convertirse en un instrumento político de primer orden. Si los datos oficiales muestran reducción o contención del crecimiento, el Gobierno reforzará su tesis de que la sustitución y la negociación territorial pueden producir resultados. Si las cifras revelan expansión o concentración en zonas críticas, la oposición y los actores externos utilizarán el informe para cuestionar la política de paz total, la capacidad del Estado y la estrategia frente al narcotráfico.
La dimensión internacional es inevitable. Colombia sigue siendo observada por DEA, CIA, FBI, Departamento de Estado y organismos multilaterales por su papel en las rutas de cocaína. Petro ha defendido que el debate no puede limitarse a hectáreas sembradas, sino que debe incorporar productividad real, control territorial, demanda internacional y financiación de estructuras armadas. En mayo también señaló una incautación de 1,2 toneladas de cocaína en el Valle del Cauca y advirtió sobre la detección del primer envío de fentanilo desde Colombia hacia Estados Unidos.
El mapa satelital tendrá efectos sobre varios frentes internos. En el Catatumbo, la coca se conecta con frontera venezolana, presencia de grupos armados y corredores hacia el Caribe. En el Pacífico, Nariño y Cauca combinan salida marítima, comunidades rurales, disputas entre estructuras criminales y presión sobre puertos. En Putumayo, la frontera con Ecuador y Perú refuerza el carácter transnacional del problema.
El Gobierno colombiano intenta desplazar el eje desde la fumigación y la erradicación forzosa hacia una combinación de sustitución, desarrollo rural, interdicción y negociación con estructuras armadas. Ese enfoque depende de cifras creíbles, verificables y comparables. La publicación mensual o periódica de mapas puede fortalecer la transparencia, pero también abrir una guerra metodológica con mediciones de Naciones Unidas, agencias estadounidenses y centros de investigación.
La coca sigue operando como una variable geopolítica de Colombia. Condiciona la relación con Washington, la seguridad fronteriza con Venezuela y Ecuador, las negociaciones con grupos armados, la financiación de economías ilegales y la presencia estatal en territorios rurales. El nuevo mapa no resolverá esa disputa, pero fijará un dato de referencia para medir si el Gobierno avanza hacia sustitución efectiva o si la economía ilícita mantiene su capacidad de adaptación territorial.
Fuentes: Presidencia de Colombia, Policía Nacional de Colombia, medios colombianos.
