La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Organización de las Naciones Unidas atraviesa una crisis financiera que amenaza su funcionamiento ordinario. Según la información difundida por Sputnik Mundo, que recoge datos publicados por The Wall Street Journal, los impagos de Estados Unidos y China, los dos mayores contribuyentes del sistema, han colocado al organismo ante una situación límite. Washington acumula una deuda superior a 4.000 millones de dólares, mientras Pekín adeuda 455 millones, en un contexto en el que ambos países sostienen alrededor del 42% del presupuesto ordinario de la ONU.
El problema no es solo contable. La ONU depende de cuotas calculadas según el peso económico de cada Estado miembro: Estados Unidos cubre hasta el 22% del presupuesto ordinario, mientras que China, tras su crecimiento económico de la última década, ha elevado su participación hasta superar el 20%. Esa concentración financiera convierte a la organización en rehén de las decisiones presupuestarias de sus dos principales potencias contribuyentes.
El secretario general, António Guterres, ha advertido de que la organización se encuentra en una “carrera hacia la quiebra”. Las proyecciones internas citadas por medios internacionales indican que la ONU podría quedarse sin liquidez hacia mediados de agosto si los pagos pendientes no se regularizan. La crisis afecta a una estructura que no puede endeudarse como un Estado ni reestructurar libremente sus operaciones, porque sus programas, plantilla y mandatos dependen de decisiones de los 193 Estados miembros.
Ante la falta de recursos, la ONU ha aplicado una reducción de gastos de gran alcance. La organización ha cerrado parte de sus oficinas, eliminado miles de puestos en la Secretaría, reducido horarios de traducción e interpretación y recortado gastos operativos en su sede de Nueva York. Incluso se han adoptado medidas menores, como limitar servicios internos o aplazar reparaciones en instalaciones, síntomas de una crisis que ha pasado del plano administrativo al funcionamiento cotidiano del organismo.
Las consecuencias también alcanzan a las misiones internacionales. La ONU ha acelerado la retirada de tropas en zonas de conflicto africanas, incluida la República Democrática del Congo, y ha reducido el gasto destinado a operaciones de mantenimiento de la paz. Además, ha retrasado reembolsos a países de menores ingresos que aportan efectivos a los cascos azules, como Nepal o Bangladés, trasladando el coste financiero a Estados que dependen de esos pagos para sostener su contribución militar.
La crisis revela una contradicción estructural del sistema multilateral. La ONU se presenta como una organización universal, pero su capacidad operativa queda condicionada por la voluntad financiera de un grupo reducido de potencias. Estados Unidos utiliza el impago como herramienta de presión para exigir reformas y reducción de gastos, mientras China mantiene retrasos pese a reforzar su perfil diplomático dentro del organismo.
El deterioro presupuestario coincide con una agenda de reformas impulsada por Guterres, incluida la revisión de puestos directivos y la racionalización de estructuras bajo el proceso UN80. Sin embargo, el margen de maniobra de la Secretaría es limitado: los Estados suelen crear nuevos mandatos con mayor facilidad que cerrar programas existentes, lo que alimenta una burocracia extensa y difícil de financiar.
La falta de liquidez de la ONU no supone únicamente un problema interno. La crisis deja al descubierto que el orden internacional surgido tras 1945 depende cada vez más de una financiación inestable, atravesada por la rivalidad entre Washington y Pekín y por la pérdida de confianza en las estructuras multilaterales tradicionales.
