Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la desaparición de 26 personas en Ecuador en el contexto posterior a la declaración de conflicto armado interno, realizada mediante el Decreto Ejecutivo 111, emitido el 9 de enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa. El organismo regional concedió medidas cautelares tanto para las personas desaparecidas como para seis mujeres familiares que participan en su búsqueda.
En un comunicado difundido el 30 de diciembre de 2025, la CIDH informó que las medidas fueron otorgadas el 24 de diciembre, tras concluir que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal. La resolución se enmarca en un estado de excepción decretado por el Ejecutivo ecuatoriano para enfrentar el incremento de la violencia y la inseguridad.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la CIDH en abril de 2025. Según lo expuesto por los peticionarios, las desapariciones se habrían producido tras el despliegue de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad realizados durante 2024. En esos procedimientos, las 26 personas habrían sido detenidas por efectivos militares, sin que hasta la fecha exista información oficial sobre su paradero, pese a denuncias y decisiones judiciales internas.
La Comisión dispuso una serie de seis acciones obligatorias que el Estado ecuatoriano debe implementar. Entre ellas, ordenó redoblar los esfuerzos de búsqueda mediante un plan con resultados medibles, participación de las familias y enfoque de edad, conforme a los estándares internacionales aplicables. Asimismo, instruyó a facilitar de manera inmediata toda la información disponible que permita esclarecer el destino de las personas desaparecidas.
La resolución también ordena al Estado proteger la vida e integridad de las seis mujeres buscadoras, identificadas en el documento oficial, mediante medidas con enfoque de género, y brindar atención a su salud física y mental de forma concertada y voluntaria. Además, exige que las acciones se acuerden con las familias y sus representantes, y que se informe periódicamente a la CIDH sobre los avances investigativos.
De acuerdo con la información analizada por la Comisión, las familiares de las personas desaparecidas habrían sido objeto de amenazas e intimidaciones, incluidas algunas registradas en noviembre de 2025. La CIDH señaló que estos hechos refuerzan la necesidad de adoptar medidas de protección específicas mientras continúan las investigaciones.
El Estado ecuatoriano informó al organismo que las autoridades competentes están realizando investigaciones diligentes y que los casos se encuentran en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, bajo la tipificación de desaparición forzada. No obstante, según la CIDH, la situación de las personas desaparecidas no ha sido esclarecida y su paradero sigue siendo desconocido.
El conflicto armado interno fue declarado tras una serie de hechos violentos ocurridos entre el 8 y 9 de enero de 2024, incluidos ataques a medios de comunicación y centros penitenciarios. En ese contexto, el Gobierno identificó a varias organizaciones criminales como actores no estatales beligerantes, habilitando la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
La CIDH reiteró que las medidas cautelares no implican un pronunciamiento sobre el fondo de los casos, pero subrayó la obligación del Estado de prevenir violaciones, proteger a las personas en riesgo y garantizar investigaciones diligentes, conforme a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
