La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La creación del Batallón de Alta Montaña “Coraza” en la zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, se ha convertido en un indicador directo de la disputa por el control territorial en el suroccidente de Colombia. Aunque el proyecto cuenta con lote, recursos y respaldo institucional, el inicio efectivo de las obras sigue condicionado por una combinación de ataques con drones, presión armada, asonadas, complejidad geográfica y presencia de estructuras ilegales.
Según informó El Tiempo, el terreno está prácticamente listo y existen recursos para avanzar, pero los ingenieros del Ejército Nacional no han podido iniciar la construcción de la base militar por las condiciones de seguridad en la zona. El medio describe una “tormenta perfecta” formada por la geografía montañosa de Jamundí, los ataques contra la Fuerza Pública y la presión de grupos armados que buscan impedir la consolidación del proyecto.
El batallón fue planteado como una instalación estratégica para reforzar la presencia militar en los 19 corregimientos de Jamundí y limitar el margen de maniobra de organizaciones armadas que operan en el sur del Valle y el norte del Cauca. Caracol Radio informó en junio de 2025 que la Gobernación del Valle entregó al Ejército un lote con una inversión estimada de 7.500 millones de pesos, destinado a la construcción de una sede militar en la parte alta del municipio.
Meses después, El Tiempo precisó que la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que el departamento ya tenía el lote definitivo, con ficha, escrituras y proceso de registro, y que la Gobernación aportaría materiales valorados entre 7.800 y 8.000 millones de pesos. La construcción, según esa misma información, estaría a cargo del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional.
El problema, por tanto, no parece estar en el anuncio administrativo, sino en la capacidad real de ocupar y sostener el terreno. La zona alta de Jamundí forma parte de un corredor que conecta el Valle del Cauca, el norte del Cauca, el área del Naya y la salida hacia Buenaventura. Esa posición convierte el territorio en un espacio codiciado para economías ilegales, movilidad armada, extorsión, narcotráfico y minería ilegal.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido en su Alerta Temprana 012-2025 que Cali y su entorno rural se enfrentan a un escenario de conflicto híbrido, donde confluyen grupos armados organizados y redes de criminalidad local, regional y transnacional. El documento señala expresamente la existencia de corredores geoestratégicos que pasan por Jamundí y vinculan la zona con el Cauca, Cali, Buenaventura y el Pacífico.
Esa alerta también identifica al Frente Jaime Martínez como una estructura con capacidad de presión sobre la población civil en Jamundí y lo vincula a acciones violentas que han afectado a Cali. La referencia resulta clave porque diversas informaciones recientes atribuyen a las disidencias de las FARC los ataques con drones y explosivos contra tropas en la zona rural del municipio.
La innovación táctica más preocupante es el uso de drones cargados con explosivos. Infodefensa informó en abril de 2026 de un ataque con al menos 15 drones contra el Ejército en Timba, Jamundí, una acción atribuida a la estructura Jaime Martínez. Este tipo de operaciones introduce un problema nuevo para las fuerzas colombianas: dispositivos baratos, difíciles de detectar y capaces de hostigar posiciones militares en terrenos montañosos.
La demora del Batallón Coraza deja una conclusión clara: el Estado colombiano no solo está intentando construir una base, sino recuperar una zona donde el control efectivo está en disputa. El anuncio institucional existe, los recursos han sido comprometidos y el objetivo militar está definido. Sin embargo, cada retraso muestra que la presencia estatal en la montaña no depende únicamente de levantar instalaciones, sino de garantizar seguridad, movilidad, inteligencia, control social y permanencia operativa.
Jamundí se ha convertido así en una pieza crítica del tablero colombiano. Si el batallón logra instalarse, el Estado ganará una plataforma para presionar corredores usados por estructuras armadas. Si la obra sigue bloqueada, el mensaje será el contrario: que las disidencias y redes criminales conservan capacidad suficiente para condicionar incluso los proyectos militares diseñados para contenerlas.
