La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Gobierno de Chile ha ingresado al Senado un proyecto de reforma constitucional que busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y dotar de nuevas herramientas para combatir el crimen organizado y el terrorismo. La iniciativa incluye la creación del Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, contemplado en los nuevos artículos 42 bis y 43 de la Constitución.
La propuesta faculta al Presidente de la República para decretar un régimen especial en zonas afectadas por amenazas graves e inminentes relacionadas con el crimen organizado. Estas zonas podrán estar bajo este régimen por un máximo de 120 días y serán supervisadas por un Oficial General. Durante el Estado de Excepción, podrán restringirse derechos fundamentales, como las libertades de locomoción, reunión y asociación, además de autorizar la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes para evitar actividades ilícitas.
En materia de sanciones, la reforma incorpora el artículo 9° bis, que establece inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por estos delitos. También se impone una prohibición de 15 años para acceder a penas sustitutivas o beneficios penitenciarios, así como para recibir prestaciones estatales financiadas con fondos públicos. La regulación detallada de estos beneficios quedará sujeta a una Ley de Quorum Calificado en el futuro debate legislativo.
Asimismo, se encomienda al Servicio de Gendarmería de Chile la aplicación de regímenes penitenciarios diferenciados para los condenados por crimen organizado o terrorismo, incluyendo limitaciones en visitas y comunicaciones para evitar la dirección de actividades ilícitas desde prisiones.
El proyecto será analizado en el Senado y requerirá acuerdos entre las distintas fuerzas políticas antes de su posible aprobación.
