La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para regular el uso y la gobernanza de la inteligencia artificial en España, adecuando la normativa nacional al reciente reglamento de la Unión Europea. La iniciativa contempla sanciones económicas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen anual de negocios, según la gravedad de las infracciones vinculadas a la aplicación de sistemas de inteligencia artificial.
El texto define como sistemas de alto riesgo aquellos que pueden afectar derechos fundamentales y establece la exigencia de supervisión humana sobre ellos. Se prohíbe expresamente el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, la explotación de vulnerabilidades de colectivos como menores, personas mayores o personas con discapacidad, la clasificación biométrica basada en raza, orientación política o religiosa, y la elaboración de puntuaciones sobre individuos derivadas de su conducta social que puedan limitar el acceso a ayudas públicas o préstamos.
La legislación vetará también la generación automatizada de imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial, en consonancia con la normativa europea, ante incidentes recientes en plataformas digitales. Además, prohíbe el uso de asistentes virtuales que inciten a actividades perjudiciales, como fomentar la adicción al juego en personas vulnerables, y limita el uso de juguetes infantiles con inteligencia artificial que animen a menores a acciones peligrosas.
La ley atribuye las competencias de supervisión y control a la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, introduce la obligación de crear un inventario de sistemas de inteligencia artificial utilizados en procedimientos administrativos y establece la figura del delegado de inteligencia artificial, responsable de coordinar el cumplimiento normativo en el ámbito público.
La iniciativa se encuentra actualmente en proceso de tramitación parlamentaria para su futura entrada en vigor. El Gobierno indica que esta norma sitúa a España entre los países europeos con legislación avanzada en esta materia y responde a una demanda social en defensa de los derechos digitales en el contexto del desarrollo tecnológico.
