La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores en España, sube de media un 17,6% desde el 1 de octubre, según los nuevos precios fijados tras la revisión trimestral. La subida habría sido muy superior —por encima del 45%— de no mediar la intervención del Gobierno de España.
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre el Real Decreto-ley 25/2026, que limita al 35% el incremento del coste de la materia prima incluido en la fórmula de la tarifa, fijándolo en 3,574741 céntimos de euro por kWh. Sin ese tope, este componente habría pasado de 2,647956 a 5,63 céntimos/kWh, un salto del 112,5% desde julio que el Ejecutivo atribuye a la crisis en el estrecho de Ormuz derivada del conflicto en Oriente Próximo.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, habían estimado públicamente que la factura subiría en torno al 15% para el consumidor medio. El resultado final, sin embargo, es superior: un 13,2% de aumento anual con impuestos para los clientes de cocina y agua caliente (TUR1), un 16,4% para quienes tienen calefacción (TUR2) y un 18,5% para pymes (TUR3). Para las comunidades de propietarios acogidas a la TUR vecinal, el golpe es mayor: entre un 22,6% y un 33,1% según el tramo de consumo.
El decreto fija además un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano de 12,5 kg, vigente hasta junio de 2027, y prorroga los descuentos fiscales a gasolina y diésel hasta el 31 de diciembre de 2026.
La limitación actual no elimina el encarecimiento: lo traslada en el tiempo. Al topar el coste repercutido, se genera una deuda que las comercializadoras de último recurso recuperarán, con su coste financiero añadido, en las revisiones trimestrales de la TUR a partir de enero de 2027. El propio decreto establece que, desde esa fecha, el incremento del coste de materia prima respecto al valor de octubre no podrá superar el 15% en cada revisión sucesiva, un tope que se mantendrá hasta recuperar íntegramente el déficit acumulado, sin fecha límite fijada para su amortización.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que el mecanismo mitiga el impacto inmediato pero no lo elimina, ya que aplaza parte del pago, al menos, hasta 2027. La organización también alerta de que los consumidores que decidan cambiar de comercializadora antes de saldar esa deuda pendiente podrían tener que asumir la parte proporcional correspondiente, lo que introduce una limitación de facto a la libertad de elección de suministrador.
El resultado final —un 17,6% de subida media— supera la estimación inicial del 15% anunciada por el Gobierno, una diferencia que no contradice los datos técnicos del decreto, pero sí evidencia que la previsión oficial se quedó corta frente al efecto real sobre la factura de los consumidores.
