La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley impulsada por el PSOE para declarar “irrevocable” la pertenencia de España a la Unión Europea, en una votación que convierte una decisión histórica y política en una declaración de cierre institucional sobre el futuro nacional. La iniciativa salió adelante con el apoyo de Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís, Coalición Canaria y UPN, mientras Vox y Podemos votaron en contra; PP, Junts y BNG se abstuvieron, según la versión actualizada de Europa Press.
La palabra escogida no es menor. Declarar “irrevocable” la pertenencia de España a la UE introduce una carga política que va más allá del europeísmo ordinario. El texto no tiene efectos jurídicos directos como tratado ni reforma constitucional, pero sí fija una posición parlamentaria: presentar la integración europea como un camino sin retorno, por encima del debate soberano de las generaciones futuras.
La resolución, pactada entre PSOE y PNV, reconoce a quienes hicieron posible la adhesión de España a las antiguas Comunidades Europeas, pero incorpora además un punto decisivo: apoyar en el Consejo Europeo una reforma de los Tratados para fortalecer la llamada “soberanía e independencia europea” en política exterior, seguridad, defensa, energía, industria y transición ecológica, digital y social.
Ese es el núcleo político de la votación. Bajo la fórmula de la “soberanía europea”, el Congreso avala avanzar hacia una arquitectura donde competencias estratégicas del Estado español —defensa, energía, industria, política exterior y seguridad— queden cada vez más condicionadas por estructuras comunitarias. La pérdida de soberanía no aparece presentada como cesión, sino como modernización institucional; no como renuncia nacional, sino como integración europea.
La iniciativa también reclama reforzar la “voz propia” de regiones e instituciones equivalentes en la UE e impulsar el reconocimiento del euskera, gallego y catalán como lenguas oficiales comunitarias. De este modo, el texto combina dos movimientos simultáneos: más poder hacia Bruselas y más proyección directa de estructuras territoriales internas en el espacio europeo.
La votación dejó una fotografía política poco habitual. Podemos, lejos de apoyar la iniciativa, votó en contra. Su portavoz, Javier Sánchez Serna, acusó a la UE de avanzar hacia el rearme y funcionar como un “protectorado político-militar de Estados Unidos”, mientras Vox rechazó cualquier deriva federalizante y denunció la hiperregulación comunitaria y la vulneración del principio de subsidiariedad.
El PP evitó oponerse frontalmente y optó por la abstención. Su crítica se centró en acusar al Gobierno de utilizar la UE como decorado político, pero sin romper con el fondo europeísta de la resolución. Esa posición intermedia deja al partido en una zona calculada: critica el uso gubernamental de Bruselas, pero no combate el desplazamiento estructural de soberanía hacia el marco comunitario.
El resultado confirma que el debate europeo en España ya no gira solo en torno a pertenecer o no pertenecer a la UE. La cuestión de fondo es quién decide sobre los asuntos estratégicos del Estado: si las instituciones nacionales sujetas al voto español o una arquitectura europea cada vez más centralizada, con capacidad creciente en defensa, energía, industria y política exterior.
La resolución aprobada por el Congreso no saca a España de su marco constitucional ni modifica de inmediato sus obligaciones europeas, pero sí establece un mensaje político de gran alcance: la soberanía española queda subordinada discursivamente a una soberanía europea presentada como irreversible. En un momento de rearme continental, presión atlántica y reordenación geopolítica, esa declaración sitúa a España un paso más dentro de una estructura donde la decisión nacional pierde margen frente a Bruselas.
