La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó el 27 de junio de 2024 una ley que modifica las reglas relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos y los mecanismos de fiscalización asociados. La decisión se tomó tras un debate con representantes de diversas bancadas durante la última sesión ordinaria.
La ley establece nuevos límites para la recepción de aportes privados y fortalece los mecanismos para fiscalizar las fuentes de financiamiento tanto en campañas electorales como en la actividad institucional regular de los partidos. Según el dictamen aprobado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será la institución encargada de asegurar el cumplimiento de esta normativa y podrá imponer sanciones cuando detecte incumplimientos mediante auditorías y fiscalizaciones.
La iniciativa responde a cuestionamientos públicos sobre la transparencia y control de recursos en la política nacional. Durante el debate, legisladores argumentaron la necesidad de reforzar la confianza en los procesos democráticos y garantizar una mayor trazabilidad del dinero utilizado por las organizaciones políticas. La ley amplía la obligación de reportar aportes provenientes de cualquier fuente, así como su procedencia y destino.
La aprobación se da en un contexto donde sectores de la ciudadanía y organizaciones civiles exigen mayor transparencia en la gestión interna de los partidos. La ONPE deberá definir próximamente el reglamento de aplicación con detalles sobre la presentación de informes y procedimientos de verificación, conforme a lo establecido en la norma.
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor para los procesos electorales que se celebren a partir del segundo semestre de 2024.
