Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Bolivia atraviesa uno de sus episodios políticos y judiciales más delicados desde la llegada a la Presidencia de Rodrigo Paz, vencedor de las elecciones de 2025 tras casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo. Su Gobierno inició además un acercamiento a Estados Unidos y, en febrero de 2026, restableció la cooperación operativa con la DEA, expulsada del país en 2008. Es en ese nuevo escenario donde se cruzan ahora narcotráfico, corrupción, un consultor argentino próximo al poder y la caída del hasta esta semana fiscal general del Estado.
En el centro de la historia está Fernando Cerimedo, consultor político argentino que participó en la estrategia de comunicación de Javier Milei durante las elecciones argentinas de 2023 y que posteriormente trabajó en la campaña presidencial de Rodrigo Paz. El propio mandatario boliviano ha reconocido que Cerimedo colaboró durante la segunda vuelta electoral de 2025 y también al comienzo de su Gobierno, aunque sostiene que nunca tuvo contrato oficial ni autorización para representar a la Presidencia.
Lo que está acreditado
El caso estalló el 17 de agosto, cuando la abogada y boliviana Nadia Beller, expareja de Cerimedo, recibió varios disparos en Santa Cruz. Beller sobrevivió y acusó al argentino de estar detrás del atentado. Cerimedo fue detenido al día siguiente y posteriormente enviado a prisión preventiva dentro de una investigación por tentativa de feminicidio.
Pero la investigación no terminó ahí. La Fiscalía abrió otro procedimiento por presunto enriquecimiento ilícito, posteriormente ampliado a legitimación de ganancias ilícitas y usurpación de funciones. A finales de agosto apareció además una investigación en el departamento de Beni sobre una supuesta protección de vuelos irregulares relacionados con el tráfico de “sustancias controladas”. La Fiscalía indicó que las pesquisas podían alcanzar tanto a Cerimedo como a particulares y funcionarios públicos.
Quien dirigía entonces el Ministerio Público boliviano era Roger Mariaca, fiscal general desde octubre de 2024. El 28 de septiembre, Estados Unidos le retiró el visado y lo incluyó entre varias autoridades hispanoamericanas acusadas por Washington de corrupción. En el caso de Mariaca, las autoridades estadounidenses lo señalaron por supuestamente “facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico”.
Mariaca respondió públicamente denunciando una injerencia extranjera y lanzó una declaración especialmente relevante para la cronología posterior: aseguró que no retrocedería «ni un centímetro» en las investigaciones bajo su responsabilidad y mencionó expresamente el caso Cerimedo, la tentativa de feminicidio y la investigación por legitimación de ganancias ilícitas.
Apenas dos días después, entre la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre, Mariaca fue detenido junto con otros funcionarios. El Gobierno boliviano sostiene que formaba parte de una organización dedicada a proteger actividades vinculadas al narcotráfico. Entre los antecedentes utilizados contra él figura el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que escapó de un operativo en Bolivia en 2023 y fue finalmente capturado en marzo de 2026 y trasladado a Estados Unidos.
La acusación contra Mariaca, por tanto, no nació con Cerimedo. El Gobierno sostiene que existen antecedentes anteriores relacionados con Marset. Una información de la Agencia de Noticias Fides (ANF), uno de los medios informativos históricos de Bolivia y perteneciente a la Compañía de Jesús, señala que la imputación presentada ahora se apoya de manera importante en la decisión estadounidense contra Mariaca y en un vídeo en el que Marset menciona al fiscal.
Este 3 de octubre, la Asamblea Legislativa ha suspendido definitivamente a Mariaca y ha designado fiscal general interino a José Armando Urioste, después de aprobarse una reforma legal que permite apartar al responsable del Ministerio Público cuando está formalmente imputado o sometido a determinadas medidas cautelares.
Una secuencia de fechas difícil de ignorar
Existe, por tanto, una sucesión temporal extraordinariamente estrecha. El 28 de septiembre, Estados Unidos actúa contra Mariaca. Ese mismo día, el fiscal rechaza las acusaciones y anuncia que seguirá investigando a Cerimedo. El 29 de septiembre, Beller plantea públicamente si Washington está protegiendo al argentino. Y unas cuarenta y ocho horas después, Mariaca es detenido y pierde posteriormente el control del Ministerio Público.
¿Qué había descubierto exactamente la Fiscalía sobre Cerimedo antes de la caída de Mariaca ? ¿Qué ocurrirá ahora con esas investigaciones?.
La cuestión abierta va más allá de la supuesta protección de Estados Unidos al presidente boliviano.
