La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Ecuador mantiene abierto el conflicto arancelario con Colombia pese a la intervención de la Comunidad Andina. El Gobierno de Daniel Noboa conserva un arancel del 100% sobre productos colombianos, aunque anunció que lo reducirá al 75% desde el 1 de junio. La medida llega después de que la CAN diera un plazo de diez días hábiles a ambos países para retirar gravámenes incompatibles con el marco andino.
Desde la perspectiva ecuatoriana, el conflicto combina comercio, seguridad y frontera. Quito ha vinculado sus decisiones a tensiones con Bogotá por narcotráfico, control fronterizo y tratamiento político de la seguridad. El problema es que la herramienta elegida —aranceles de castigo— afecta directamente al comercio subregional y sitúa a Ecuador frente al propio sistema jurídico de la CAN.
La reducción del 100% al 75% no supone una retirada de la medida. Más bien conserva la presión sobre Colombia mientras Ecuador intenta ganar margen ante el bloque andino. El expediente puede derivar en un choque institucional si la CAN considera que Quito no cumple de forma sustancial sus resoluciones.
El caso también golpea a sectores internos ecuatorianos. Importadores, transportistas, consumidores y operadores de frontera pueden verse afectados por encarecimiento de productos, retrasos aduaneros y deterioro del flujo comercial. La frontera norte de Ecuador ya soporta presión por seguridad, crimen organizado y movilidad irregular; añadir una guerra arancelaria aumenta la fragilidad económica de la zona.
La posición de Noboa refuerza un perfil de dureza exterior, pero eleva los costes diplomáticos. Ecuador queda ante una disyuntiva: sostener el pulso comercial como herramienta de presión política o aceptar la disciplina de integración andina para evitar un debilitamiento mayor del bloque.
Fuentes: TeleSUR, Comunidad Andina.
