Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
Durante las últimas cuatro décadas, España ha atravesado un proceso de reformas laborales continuas que no solo han modificado las estructuras jurídicas del empleo, sino que también han transformado profundamente el lenguaje y los valores que subyacen a la relación laboral. Este artículo pretende abordar cómo la constante reconfiguración de las leyes laborales ha ido de la mano con una mutación ideológica que ha redefinido tanto la figura del trabajador como la naturaleza misma del empleo, contribuyendo a la precariedad estructural.
La ley y la lengua: dos herramientas de dominación de clase
En 1980, España iniciaba su andadura hacia la modernización europea con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de garantizar derechos laborales y estabilidad al trabajador se ha convertido, cuatro décadas después, en una serie de reformas que han permitido desmantelar la estabilidad laboral a favor de la flexibilidad empresarial. El cambio no solo ha sido jurídico, sino también lingüístico y cultural. La forma en que hablamos sobre el trabajo ha sido moldeada por intereses políticos y económicos que han buscado naturalizar la precariedad y reducir las expectativas de los trabajadores.
A través de las reformas laborales, se ha instaurado un sistema en el que el despido barato, la temporalidad sin causa justificada y la subcontratación masiva se han convertido en elementos estructurales del mercado de trabajo. Esta transformación no solo se ha dado en las leyes y normativas, sino también en la forma en que entendemos nuestra relación con el trabajo. El lenguaje, como lo señala la sociología, “no es inocente”: lo que no se nombra, no existe. Así, términos como “mundo obrero” han sido reemplazados por “mercado de trabajo”, lo que reduce la fuerza de trabajo a una mercancía más, despojándola de su componente social y colectivo.
La mutación del lenguaje: De los derechos a la flexibilidad
El Nacimiento de la dualidad Laboral (1984)
En la década de los 80, el primer gran giro de guion ocurrió en 1984, cuando el gobierno de Felipe González introdujo el “contrato de fomento del empleo”, que permitió la contratación temporal sin necesidad de justificación. Este fue el primer paso hacia lo que se denominaría “España de dos velocidades”: por un lado, los trabajadores con derechos adquiridos de la Transición; por otro, los jóvenes con contratos temporales, condenados a una empleabilidad precaria y limitada. En este contexto, se generó una división que sigue siendo una de las características del mercado laboral español.
La Mercantilización del empleo (1994)
A principios de los 90, la reforma de 1994 trajo consigo la legalización de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), un modelo que convirtió al trabajador en un “activo subcontratado” y no en un miembro central de la empresa. El concepto de trabajo dejó de ser entendido como una relación de derechos y deberes, para ser concebido como una mercancía, cuyo valor variaba según la oferta y la demanda en un mercado laboral cada vez más desregulado.
En este contexto, el trabajador pasó de ser un sujeto político con derechos inherentes a una mercancía cuyo valor estaba determinado por su “rentabilidad” económica. Así, la “precariedad” se transformó en la nueva normalidad. Este cambio de visión quedó reflejado en la mutación del lenguaje: los contratos de “aprendizaje” (o “contratos basura”) se convirtieron en la norma, y el despido por causas económicas dejó de ser una excepción para convertirse en una práctica habitual.
El Siglo XXI: La era del despido como herramienta de gestión
Las reformas laborales de los años 2010, impulsadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, marcaron el punto más álgido de la precariedad estructural. En 2012, con la reforma laboral de Rajoy, el despido improcedente se redujo de 45 a 33 días por año trabajado, y la prioridad de los convenios de empresa sobre los del sector permitió a las empresas bajar unilateralmente los salarios para ser “más competitivas”. La palabra “estabilidad” se difuminó completamente, y la “empleabilidad” pasó a ser la consigna oficial: el trabajador ya no era una persona con derechos, sino un recurso a optimizar.
La última reforma laboral: El triunfo de la semántica, el trabajador “Casi” Fijo
España ha logrado lo que la alquimia no pudo: convertir el plomo de la precariedad en el oro de las estadísticas. La última reforma laboral de Yolanda Díaz es un ejercicio brillante de ilusionismo jurídico.
El gran truco de magia se llama “Contrato Fijo-Discontinuo“. Hemos “prohibido” la temporalidad a base de cambiarle el nombre. Ahora, el camarero que antes era “eventual” es “fijo“, aunque trabaje tres meses al año y pase los otros nueve esperando una llamada que tiene la misma frecuencia que un cometa. Para el Ministerio de Trabajo, ese ciudadano ya no es un parado; es una “persona con relación laboral interrumpida“. Una forma muy elegante de decir que no tiene ingresos, pero sí un contrato en el cajón.
Mientras tanto, el Salario Mínimo sube en el BOE a la misma velocidad que el precio del aceite de oliva en el súper, dejando al trabajador en una carrera de obstáculos donde la meta (llegar a fin de mes) se mueve diez metros cada vez que das un paso. A esto le sumamos la promesa de las 37,5 horas: una medida fantástica para conciliar, siempre que tu jefe no considere que “estar disponible” en WhatsApp es una actividad recreativa.
En conclusión: España ha pasado de la “cultura del despido” a la “cultura del maquillaje“. Tenemos mejores derechos en el papel, contratos con nombres más largos y estadísticas que envidiaría Dinamarca. Lástima que el alquiler en Madrid no se pague con contratos fijos-discontinuos, sino con dinero de verdad.
La resiliencia laboral: La trampa del neoliberalismo
A lo largo de estos 40 años, el lenguaje ha sido la herramienta para hacer aceptable lo inaceptable. El concepto de “resiliencia” es un claro ejemplo de ello. En lugar de entender la precariedad como una consecuencia de un sistema económico fallido, el concepto de resiliencia ha trasladado la responsabilidad al individuo, que debe “aprender a adaptarse” a las malas condiciones laborales, sin que ello implique una transformación del sistema. La lucha de clases ha sido reemplazada por la aceptación de la incertidumbre.
Además, la transición de “clase obrera” a “capital humano” refleja la completa privatización de la fuerza de trabajo. Los trabajadores dejaron de ser considerados sujetos de derechos inalienables, para convertirse en una “inversión” que debe generar rendimientos para el empleador. Este cambio de paradigma ha eliminado la solidaridad colectiva, diseminando la responsabilidad individual por el éxito o el fracaso laboral.
La desaparición de la lucha: La “Paz Social” Como símbolo de sumisión
Por otro lado, los sindicatos mayoritarios, que originalmente representaban la resistencia ante la explotación capitalista, han caído en el juego del lenguaje neoliberal. Hablar de “diálogo social” y “paz social” es, en muchos casos, validar el statu quo en lugar de desafiarlo. El “ajuste de plantilla” ya no es visto como un ataque directo a las condiciones de vida de los trabajadores, sino como un proceso inevitable en un “mercado de trabajo” que exige cambios continuos.
A modo de conclusión: Recuperar valores para recuperar derechos
La transformación del trabajo y el lenguaje durante estos 40 años ha sido fundamental en la creación de un sistema de precariedad aceptada. La constante reforma laboral ha erosionado los derechos de los trabajadores, pero el cambio de lenguaje ha jugado un papel igualmente crucial al naturalizar lo que en otro tiempo habría sido considerado inaceptable. Desde la “fijeza” a la “flexibilidad”, desde el “mundo obrero” al “mercado de trabajo”, el lenguaje ha sido la herramienta que ha permitido que la precariedad se convierta en un fenómeno aceptado, casi invisible, dentro del discurso oficial.
Si queremos revertir este proceso, será necesario recuperar las palabras, reintroducir términos como “derechos” y “solidaridad”, y recuperar la idea de que el trabajo no es solo un recurso económico, sino un derecho social fundamental. El trabajo debe ser entendido como una obligación social que genera derechos, no como una mercancía a disposición de las leyes del mercado.
Si no cambiamos el paradigma lingüístico y conceptual que hemos adoptado, nunca podremos devolverle al trabajador su dignidad y estabilidad, y la precariedad seguirá siendo vista como una consecuencia natural del sistema, cuando en realidad es el resultado de un diseño político y económico hipócrita, homicida y profundamente injusto.
