Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Colombia ha entrado en una fase crítica de seguridad interna tras la cadena de ataques registrada en el suroccidente del país, especialmente en el departamento del Cauca, donde una ofensiva atribuida a disidencias de las antiguas FARC dejó un saldo preliminar de al menos 20 civiles muertos y más de 50 heridos, según los últimos balances recogidos por TeleSUR a partir de fuentes oficiales y agencias.
El epicentro de la crisis se sitúa en la Vía Panamericana, una de las arterias estratégicas del suroeste colombiano, donde la explosión de un cilindro bomba impactó contra un autobús y varios vehículos particulares en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío. La magnitud del ataque obligó al despliegue de equipos forenses de Medicina Legal, que trabajan en la identificación de las víctimas debido al estado de los restos y al impacto directo sobre población civil, entre ella menores de edad.
La respuesta del Estado fue inmediata. Desde Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, encabezó un consejo extraordinario de seguridad y anunció el refuerzo del despliegue de la Fuerza Pública en los corredores más sensibles del Cauca y del Valle del Cauca. El dispositivo incluye más de 13 pelotones de caballería blindada, 12 pelotones de infantería y capacidades especiales de la Policía Nacional, además de dos pelotones adicionales destinados a asegurar la movilidad en los tramos más críticos de la carretera que conecta la región con el resto del país.
El Gobierno atribuye los ataques a estructuras disidentes vinculadas al llamado cartel de alias “Iván Mordisco”, con especial señalamiento sobre la columna Jaime Martínez. Las autoridades identifican a Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, como uno de los cabecillas responsables de coordinar la ofensiva. Por su captura se ha ofrecido una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, mientras que también se han anunciado recompensas por información sobre otros señalados con los alias “Farley”, “David”, “Mi Pez” y “Jairo Ramírez”.
El ministro defensa calificó a los responsables como “narcoterroristas” y afirmó que la ofensiva responde a la presión que las operaciones estatales han ejercido sobre las estructuras armadas en el norte del Cauca. Según el balance citado por TeleSUR, en las últimas horas se habrían registrado 31 acciones violentas en el sur del país: 22 en Cauca, 7 en Valle del Cauca y 2 en Nariño. Los ataques incluyeron explosivos improvisados, drones cargados con explosivos, hostigamientos armados, bloqueos carreteros, quema de vehículos y acciones contra bases policiales y militares.
La dimensión territorial del conflicto es clave. El Cauca no es una zona periférica cualquiera: es un corredor de comunicación, tránsito económico y disputa armada. La Vía Panamericana conecta a Cali con Popayán y articula buena parte de la movilidad del suroccidente colombiano. Cualquier ataque en ese eje tiene consecuencias sobre transporte, comercio, abastecimiento, seguridad electoral y control territorial. Por eso la respuesta militar no se limita a perseguir a los autores materiales, sino que busca impedir que los grupos armados impongan un bloqueo político y psicológico sobre la región.
El presidente Gustavo Petro elevó además el conflicto a una dimensión judicial internacional. Anunció que firmará una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los cabecillas de las disidencias responsables de la masacre, a los que calificó como “criminales contra la humanidad”. Petro pidió una persecución global contra estas estructuras y afirmó que sus acciones buscan sembrar miedo para proteger economías ilícitas vinculadas a la cocaína y al oro.
El Gobierno también ha ordenado activar mecanismos financieros. La estrategia incluye instrucciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para rastrear y congelar activos de las estructuras disidentes. Este punto es relevante porque el conflicto no se reduce al enfrentamiento militar. El narcotráfico, la minería ilegal, el control de rutas y la financiación criminal forman parte del poder real de estos grupos, especialmente en territorios donde el Estado disputa presencia con actores armados que administran miedo, movilidad y economías ilegales.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, decretó tres días de duelo departamental y llamó a la población a sostenerse frente al dolor, el miedo y la zozobra con apoyo institucional. El mensaje busca evitar que la ofensiva armada derive en parálisis civil o en pérdida de confianza sobre la capacidad estatal para proteger a la población.
La crisis ocurre, además, en un momento políticamente sensible: Colombia se aproxima a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, en las que se elegirá al presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030. Esa coincidencia ha introducido una lectura electoral sobre la violencia. La corresponsal de TeleSUR, Tatiana Portella, conectó los atentados con un clima de miedo, incertidumbre e indignación en plena campaña, y citó las revelaciones de la Revista Raya sobre el llamado “Plan Júpiter” o “Proyecto Júpiter”, descrito por ese medio como un supuesto plan para manipular el clima electoral mediante campañas mediáticas, operaciones digitales y mensajes destinados a deslegitimar candidaturas progresistas.
Conviene tratar ese punto con precisión periodística: las revelaciones de Revista Raya son una denuncia mediática y política que debe ser contrastada con investigaciones oficiales, documentos verificables y respuestas de los actores señalados. Lo que sí resulta evidente es que la violencia en Cauca se produce en un contexto electoral altamente polarizado, con el candidato Iván Cepeda y la aspirante a la vicepresidencia Aida Quilcué articulando apoyos en el espacio de las izquierdas, mientras sectores de la derecha, como Paloma Valencia, intensifican su presencia en la región y elevan el discurso de seguridad.
La visita de Valencia al Cauca, junto a su declaración de que nombraría al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa en caso de llegar a la Presidencia, muestra hasta qué punto la violencia se ha convertido en eje de campaña. El debate ya no gira únicamente en torno a la respuesta al atentado, sino sobre el modelo de seguridad que Colombia adoptará: continuidad de la política de paz total, endurecimiento militar, persecución financiera, judicialización internacional o retorno a una estrategia de mano dura bajo referentes del uribismo.
En términos geopolíticos, la crisis del Cauca tiene tres niveles. En el plano nacional, desafía la capacidad del Gobierno para controlar territorios donde grupos armados conservan poder operativo. En el plano regional, compromete rutas estratégicas de transporte y abastecimiento en el suroccidente colombiano, con impacto sobre Valle del Cauca, Nariño y la frontera con Ecuador. En el plano internacional, conecta con economías ilegales transnacionales, tráfico de cocaína, minería ilegal, redes financieras y posible judicialización ante la CPI.
La ofensiva también golpea el relato de estabilidad institucional. Un país que se aproxima a elecciones bajo ataques coordinados contra corredores viales, unidades militares, bases policiales y población civil enfrenta un desafío doble: garantizar seguridad física y preservar legitimidad electoral. Si el miedo se instala como variable de campaña, la violencia deja de ser solo un problema de orden público y se convierte en un factor de intervención política.
Por ahora, el Estado colombiano intenta mostrar control mediante despliegue militar, recompensas, inteligencia, persecución financiera y presencia ministerial en terreno. Pero la prueba real estará en los próximos días: asegurar la Vía Panamericana, capturar a los responsables, evitar nuevos ataques y demostrar que la población civil no quedará atrapada entre la ofensiva estatal y la capacidad de retaliación de las disidencias.
El Cauca vuelve a ocupar el centro del mapa colombiano. No como una región aislada, sino como un punto donde se cruzan narcotráfico, elecciones, seguridad nacional, rutas estratégicas y disputa por el control político del territorio.
