La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Colombia ha vuelto a situar el Catatumbo en el centro de su tablero de seguridad nacional. El Ejército Nacional informó de una operación militar en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, que habría dejado al menos siete integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) abatidos, según la información difundida por Xinhua a partir de fuentes castrenses colombianas.
La operación no fue presentada como un choque aislado, sino como parte de una ofensiva sostenida en una región de alto valor estratégico. De acuerdo con el reporte, las tropas localizaron dos campamentos con sistemas de fortificación, material explosivo para adaptar artefactos lanzados con drones y elementos utilizados en la fabricación e instalación de minas antipersonal.
El dato de los drones es especialmente relevante. La guerra interna colombiana ya no se limita a fusiles, explosivos improvisados y control de caminos rurales. El uso de drones con carga explosiva demuestra una adaptación tecnológica de los grupos armados, que combina tácticas de guerrilla, minas, vigilancia territorial y ataques de bajo coste contra tropas, bases o infraestructura. Esa mutación obliga al Estado a reforzar inteligencia, guerra electrónica, protección de unidades móviles y capacidad aérea.
Según el Ejército, la ofensiva se realizó junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con apoyo de la Fiscalía-CTI. El objetivo operativo habría sido desarticular un núcleo de seguridad encargado de impedir el avance de las tropas hacia el norte, sobre las riberas del río Catatumbo. La misma información señala que esa comisión tenía alto valor estratégico para el ELN porque brindaba seguridad a miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional cuando cruzaban desde la frontera.
La dimensión fronteriza convierte la operación en un asunto geopolítico. Tibú y el Catatumbo no son un punto cualquiera del mapa colombiano: están próximos a la frontera con Venezuela, en una zona atravesada por economías ilícitas, rutas de movilidad armada, disputa por cultivos ilegales, corredores fluviales y presión sobre comunidades campesinas. Cualquier operación contra estructuras del ELN en esta región tiene impacto sobre la seguridad bilateral, el control territorial y la capacidad del Estado colombiano para impedir que grupos armados utilicen la frontera como profundidad estratégica.
El golpe llega además en un contexto de tensión acumulada. Colombia arrastra una sucesión de ataques, operaciones militares y crisis territoriales en el suroccidente, especialmente en el Cauca, mientras el Gobierno intenta sostener una política de seguridad que combine negociación, presión militar y protección civil. La operación en Tibú indica que el frente oriental y fronterizo sigue activo, con el ELN como actor armado de peso.
La lectura nacional es clara: el Gobierno colombiano necesita demostrar capacidad de iniciativa militar frente a organizaciones que conservan mando, logística y presencia territorial. La ofensiva en Catatumbo busca afectar no solo combatientes, sino infraestructura de mando, protección y explosivos. Destruir campamentos fortificados y material para drones significa limitar la capacidad de ataque y reducir la libertad de movimiento de estructuras que operan en zonas rurales complejas.
Pero el éxito militar tiene límites si no se traduce en control territorial permanente. En regiones como el Catatumbo, una operación puede golpear a una célula o comisión, pero la consolidación depende de presencia estatal sostenida, justicia, vías, protección de población civil, sustitución de economías ilegales y coordinación con autoridades locales. El riesgo para Colombia es confundir neutralización táctica con recuperación estratégica.
Desde el punto de vista regional, el ELN conserva una importancia que supera la escala colombiana. Su presencia en zonas fronterizas, su capacidad de adaptación y su inserción en economías ilícitas lo convierten en un actor que condiciona seguridad, migración, comercio informal, tráfico de armas y relaciones entre Bogotá y Caracas. Por eso la operación en Tibú no debe leerse solo como un parte militar, sino como un mensaje de fuerza en un corredor donde confluyen soberanía, frontera y crimen organizado.
Colombia entra así en una fase de presión simultánea: ataques en el suroccidente, operaciones en el Catatumbo, vigilancia electoral, disputa por la política de paz y necesidad de responder a estructuras armadas que combinan control territorial, economía ilegal y nuevas tecnologías de ataque. La operación contra el ELN confirma que el país sigue atrapado en una tensión central: negociar cuando sea posible, combatir cuando el Estado percibe amenaza directa y evitar que la población civil vuelva a quedar encerrada entre grupos armados y respuesta militar.
Fuente: Xinhua en español.
