Colombia enfrenta nuevas denuncias sobre mercenarios enviados a Sudán

Exmilitares habrían sido entrenados en Emiratos para operar junto a fuerzas sudanesas


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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

Colombia vuelve a quedar vinculada al mercado internacional de la guerra privada tras nuevas denuncias sobre exmilitares colombianos entrenados en Emiratos Árabes Unidos para combatir en Sudán. Informes citados por TeleSUR señalan que reclutas colombianos habrían pasado por bases como Ghiyathi y Al Wathba antes de ser integrados en operaciones relacionadas con las Fuerzas de Apoyo Rápido sudanesas.

El caso menciona a la empresa Global Security Services Group, con sede en Abu Dabi, como parte de las redes privadas de reclutamiento. La denuncia apunta a que algunos colombianos habrían sido atraídos por salarios elevados sin conocer plenamente el destino final de sus operaciones. El patrón ya había sido señalado en investigaciones previas sobre contratación de combatientes colombianos para conflictos externos.

El asunto afecta directamente a Colombia porque el país dispone de una amplia reserva de antiguos miembros de Fuerzas Armadas y Policía con experiencia operativa. Esa mano de obra militar se ha convertido en recurso buscado por empresas privadas, gobiernos extranjeros y actores armados en escenarios de alta intensidad. El problema es que la salida de exmilitares hacia guerras externas genera zonas grises legales, diplomáticas y de responsabilidad estatal.

La firma de una ley contra el mercenarismo en Colombia abrió un marco para perseguir estas prácticas, pero las denuncias muestran que las redes de contratación pueden operar con intermediarios, contratos opacos y rutas internacionales que pasan por terceros países.

El vínculo con Sudán añade gravedad. La guerra sudanesa ha generado acusaciones de crímenes, desplazamientos masivos y participación de actores externos. Si se confirma presencia organizada de colombianos en ese frente, Bogotá quedará obligada a revisar controles sobre agencias de contratación, salida de personal militar retirado y cooperación judicial con países de tránsito.

Colombia no solo exporta café, petróleo o servicios; también arrastra una reputación internacional asociada a personal armado formado durante décadas de conflicto interno. Esa realidad exige control estatal, seguimiento diplomático y responsabilidad penal cuando la contratación privada convierte experiencia militar nacional en fuerza auxiliar de guerras ajenas.

Fuentes: TeleSUR, AFP.


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