La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La oleada de incendios forestales que atraviesa España este verano, con más de 130.000 hectáreas quemadas y decenas de miles de personas evacuadas, ha reavivado un debate sobre sus causas de fondo: hasta qué punto responden al cambio climático, al abandono del medio rural o a las dificultades administrativas para gestionar el monte. El debate técnico convive, además, con lecturas políticas enfrentadas.
El diagnóstico del Gobierno: emergencia climática estructural
El Ejecutivo español enmarca los incendios de este verano dentro de una emergencia climática de carácter estructural, vinculada a las olas de calor cada vez más intensas y prolongadas y a los periodos de sequía, que secan la vegetación y facilitan la propagación del fuego. Fuentes oficiales han señalado que la magnitud y velocidad de propagación de los incendios de este año, en zonas como Madrid, Ávila y Toledo, resulta inusual incluso para los estándares de la última década.
La visión de los expertos forestales: el abandono del territorio como factor estructural
Ingenieros forestales consultados por distintos medios técnicos coinciden en señalar el abandono del medio rural como una causa estructural determinante. Según explican, la despoblación ha reducido drásticamente actividades tradicionales —como el pastoreo extensivo o el aprovechamiento forestal— que antes mantenían el monte despejado de forma natural. Esa falta de gestión ha derivado en una masa forestal más densa y continua, con mayor cantidad de vegetación seca disponible como combustible.
Un estudio elaborado por el ingeniero forestal Juan Picos, de la Universidad de Vigo, y presentado por el Eixo Atlántico, analizó la relación entre despoblación y regímenes de incendios en más de 4.400 territorios de España, Portugal y Francia entre 2016 y 2026, concluyendo que el envejecimiento de la población rural y la pérdida de actividad agraria y forestal están directamente asociados a un mayor riesgo de grandes incendios.
La respuesta de Greenpeace: separar mitos de la regulación real
Ante la circulación de mensajes que atribuyen los incendios a supuestas restricciones normativas derivadas de la política ambiental, Greenpeace España ha publicado una serie de aclaraciones. La organización subraya que ni la Ley de Montes, ni la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ni el marco normativo de la Unión Europea prohíben el desbroce o la limpieza forestal; al contrario, la propia Ley de Montes obliga a las comunidades autónomas a elaborar planes anuales de prevención que incluyen tratamientos selvícolas, desbroces y mantenimiento de cortafuegos. Greenpeace señala además que en espacios de la Red Natura 2000 se fomenta activamente la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios. La Moncloa ha publicado un desmentido en el mismo sentido, precisando que ni la Ley de Montes ni la normativa europea impiden la gestión forestal.
Dos lecturas políticas enfrentadas
El debate técnico tiene también su traslado al plano político, con posiciones abiertamente contrapuestas. Vox ha situado el origen de los incendios en el abandono del medio rural y ha rechazado explícitamente que el cambio climático sea la causa principal, atribuyendo la magnitud del fuego a la acumulación de vegetación seca no gestionada. Izquierda Unida, por su parte, ha rechazado lo que considera un “falso debate” entre cambio climático y gestión forestal, sosteniendo que los incendios responden a un problema estructural que combina la emergencia climática, la despoblación, la precarización de los servicios públicos rurales y una política del territorio que en ocasiones queda subordinada a otros intereses.
Un problema de ejecución más que de prohibición normativa
Distintos análisis técnicos apuntan a que el problema no reside tanto en una prohibición legal —que no existe— como en la complejidad administrativa para ejecutar determinadas actuaciones preventivas: autorizaciones ambientales, evaluaciones de impacto o restricciones ligadas a la presencia de especies protegidas pueden ralentizar algunas intervenciones en el territorio, especialmente en espacios protegidos.
Un fenómeno de causas múltiples
El consenso técnico predominante sitúa el origen de los grandes incendios en la combinación de varios factores: la acción humana (más del 80% de los incendios en España tienen origen humano, ya sea por negligencia o intencionalidad), el abandono rural y la despoblación, y las condiciones climáticas extremas. Las distintas fuentes consultadas —técnicas, oficiales y políticas— coinciden en que la prevención eficaz requiere actuar sobre el territorio durante todo el año, aunque discrepan sobre qué factor merece mayor prioridad en la respuesta pública.
Redacción La Iberofonia, con información de fuentes gubernamentales, del estudio del Eixo Atlántico/Universidad de Vigo, de Greenpeace España y de declaraciones públicas de Vox e Izquierda Unida.
