Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La Cámara de Minería del Ecuador expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para combatir la minería ilegal en la provincia de Napo, y aclaró que no cuenta con empresas afiliadas que desarrollen actividades mineras en esa jurisdicción. El pronunciamiento consta en un comunicado emitido el lunes 2 de febrero de 2026.
En el documento, el gremio señaló que la extracción ilícita de minerales genera “graves impactos ambientales, sociales y de seguridad”, y manifestó su apoyo a las acciones estatales orientadas al control y erradicación de estas prácticas. Asimismo, destacó que la suspensión de actividades en Napo no afecta a empresas asociadas a la Cámara, al no existir afiliadas que operen en dicha provincia.
La suspensión de las actividades mineras en Napo fue formalizada mediante una resolución suscrita por la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano. La medida abarca tanto a la minería metálica como a la no metálica, sin contemplar excepciones, y fue adoptada en respuesta a la situación generada por el avance de la minería ilegal en la zona.
Según lo establecido en la resolución, la suspensión tiene carácter indefinido, ya que el documento no fija una fecha para la reanudación de las actividades. La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger el ambiente, la seguridad y el orden público en la provincia amazónica.
En su pronunciamiento, la Cámara de Minería del Ecuador reconoció que el Estado ejerce sus competencias legales para implementar medidas de control, fiscalización y protección ambiental. En ese contexto, el gremio reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades en los esfuerzos destinados a enfrentar la minería ilegal y fortalecer los mecanismos de supervisión.
El comunicado también subraya que la minería legal e industrial opera bajo estándares ambientales, técnicos y de control establecidos en la normativa vigente. El gremio indicó que las actividades formales cumplen con requisitos regulatorios que buscan mitigar impactos y garantizar una gestión responsable de los recursos naturales.
En relación con el cumplimiento de la ley, la Cámara señaló que todas las empresas del sector minero deben ajustarse a la normativa aplicable. Cuando se detectan incumplimientos, corresponde a las autoridades competentes aplicar las sanciones previstas en el marco legal ecuatoriano.
El gremio manifestó además su interés en promover una minería responsable, basada en principios de transparencia y alineada con la protección ambiental y el desarrollo sostenible del país. Según el comunicado, estos lineamientos forman parte de los ejes que orientan la actuación de las empresas afiliadas.
Las acciones del Gobierno en Napo se enmarcan en una estrategia más amplia de control de la minería ilegal en zonas sensibles, especialmente en la región amazónica. La suspensión de actividades busca frenar la degradación ambiental y permitir a las autoridades evaluar la situación en el territorio antes de definir nuevas disposiciones.
Con este pronunciamiento, la Cámara de Minería del Ecuador se suma a los actores que han respaldado públicamente las medidas estatales, reiterando que la lucha contra la minería ilegal requiere la aplicación estricta de la ley y la coordinación entre el sector público y los gremios productivos.
