La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Bolivia ha derogado la Ley 1720, una reforma agraria que permitía convertir la pequeña propiedad rural en mediana propiedad y usarla como garantía para créditos. La medida fue rechazada por campesinos e indígenas, que la interpretaron como una puerta a la mercantilización de la tierra y a una futura concentración de propiedades.
El presidente Rodrigo Paz firmó la abrogación después de semanas de presión social, marchas desde la Amazonía hacia La Paz y bloqueos de carreteras. EFE recogió que Paz defendió la necesidad de una nueva ley sobre la tierra con consenso, socialización y escucha a todos los sectores.
El retroceso no ha cerrado la crisis. Según el seguimiento regional, a las protestas campesinas se han sumado docentes, organizaciones sindicales y sectores que reclaman compensaciones salariales o incluso la renuncia del presidente. TeleSUR ya había informado de una marcha indígena y campesina hacia La Paz centrada en el rechazo a la Ley 1720 y a proyectos asociados a tierra y territorio.
Bolivia es país minero, gasífero, amazónico, andino y de conexión entre Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Una disputa sobre tierra no se limita a propiedad rural: afecta crédito, producción agrícola, frontera amazónica, pueblos indígenas, agroindustria de Santa Cruz, legitimidad del Gobierno y control de carreteras estratégicas.
La noticia debe plantearse como una crisis de gobernabilidad territorial. Rodrigo Paz ha ganado tiempo al retirar la ley, pero la calle ha comprobado que puede forzar una marcha atrás. Si los bloqueos continúan, la crisis puede pasar de agraria a estatal: abastecimiento, transporte, combustible, inflación y autoridad presidencial quedarán bajo presión simultánea.
El ángulo de análisis más potente es el choque entre modernización crediticia y defensa comunitaria de la tierra. Para unos sectores, la ley buscaba facilitar acceso a financiación; para otros, abría la puerta al embargo, la pérdida de protección jurídica y la entrada del capital agroindustrial. Bolivia vuelve así a una de sus fracturas históricas: quién controla la tierra y bajo qué modelo económico.
Fuentes: El País, EFE, TeleSUR.
