La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Bolivia comenzó junio con una crisis de gobernabilidad que ya no se limita a una protesta sectorial. Los bloqueos de carreteras se han extendido a seis de los nueve departamentos del país y mantienen bajo presión el abastecimiento de La Paz y El Alto, mientras el presidente Rodrigo Paz insiste en una salida pacífica y llama a respaldar la reconciliación nacional.
Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, citado por El Deber, el país inició el mes con 91 puntos de bloqueo. Cochabamba concentraba 30 cortes, seguida por La Paz con 20, Potosí con 15, Oruro con 12, Chuquisaca con 10 y Santa Cruz con 4. Pando, Beni y Tarija permanecían sin bloqueos en ese registro.
El conflicto comenzó el 1 de mayo con una declaratoria de paro general indefinido por parte de la Central Obrera Boliviana y se amplió días después con bloqueos campesinos en La Paz, extendidos luego a otras regiones. De acuerdo con el mismo reporte, las demandas iniciales de los sectores movilizados derivaron en una exigencia directa de renuncia del presidente Rodrigo Paz, pese a los intentos de diálogo impulsados por instituciones como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
La dimensión económica y humanitaria se ha agravado con el paso de los días. El Deber señala que los bloqueos han provocado pérdidas millonarias, escasez de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, además de largas filas en surtidores de La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por el cerco carretero. Empresarios bolivianos han advertido además de problemas graves de abastecimiento, cancelaciones masivas de turismo, paralización parcial de industrias y dificultades para cumplir rutas logísticas hacia puertos del Pacífico.
El suministro de combustible se ha convertido en uno de los puntos críticos. YPFB informó que los bloqueos impiden el ingreso normal de camiones cisterna a la planta de Senkata, uno de los principales centros de almacenamiento y distribución del occidente boliviano. La petrolera estatal aseguró que aplicó medidas operativas temporales para sostener la distribución en La Paz y El Alto, en medio de una presión creciente sobre gasolina y GLP.
La crisis afecta de forma directa a la autoridad del Gobierno. Rodrigo Paz ha rechazado versiones sobre privatización de empresas o servicios públicos y ha defendido sus medidas económicas como instrumentos para reactivar la economía, aliviar a pequeños contribuyentes y fortalecer capacidades productivas regionales. Durante la promulgación de una ley de alivio tributario, el mandatario afirmó que la norma beneficiará a más de 230.000 familias y permitirá regularizar cerca de un millón de cuentas tributarias.
Paz también sostuvo que su administración preservó recursos para salud y educación pese al ajuste fiscal, anunció nuevas medidas económicas y convocó a instituciones, organizaciones y autoridades elegidas democráticamente a respaldar la pacificación. Su mensaje llega en un momento en el que los bloqueos han pasado de la reivindicación social al pulso por la continuidad del Ejecutivo.
Bolivia queda así ante una crisis de múltiples capas: carreteras bloqueadas, combustible restringido, alimentos y medicamentos bajo presión, empresas paralizadas y un Gobierno obligado a demostrar capacidad de mando sin romper su apuesta pública por el diálogo. La prolongación del conflicto amenaza con convertir el cerco a La Paz en un problema nacional de abastecimiento, estabilidad política y control territorial.
