La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó el Proyecto de Ley 150/2025-2026, que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción, una norma vigente desde 2020 que regulaba los límites, procedimientos y controles para que el Ejecutivo pudiera activar medidas extraordinarias en situaciones de grave crisis interna. La decisión fue aprobada por dos tercios de los legisladores presentes tras un debate de más de cinco horas y fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La votación se produce en un momento de alta tensión política y social. Bolivia acumula casi un mes de bloqueos, protestas antigubernamentales, desabastecimiento y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las movilizaciones exigen la salida del presidente Rodrigo Paz Pereira, al que distintos sectores sociales acusan de no haber revertido la crisis económica y de mantener un Gobierno alejado de sus demandas.
La derogación tiene una consecuencia política inmediata: reduce los obstáculos legales para que el Gobierno pueda decretar un estado de excepción si considera que la situación ha derivado en una conmoción interna. El propio diputado Carlos Alarcón, de Unidad, sostuvo que la abrogación de la Ley 1341 “removerá el principal obstáculo” que tenía el Ejecutivo para declarar esa medida extraordinaria.
Alarcón defendió la iniciativa con un argumento de ruptura institucional. Según el legislador, Bolivia atraviesa una situación en la que “está en ejecución la ruptura del orden constitucional y democrático” por las movilizaciones iniciadas hace casi un mes. También atribuyó la crisis al expresidente Evo Morales y a su entorno político, a quienes acusó de vulnerar derechos fundamentales mediante los bloqueos.
El contexto explica el alcance de la decisión. La Paz ha sufrido restricciones en el acceso a alimentos, medicinas y combustible por los cortes de carretera, mientras el Gobierno ha intentado abrir corredores de abastecimiento con apoyo policial y militar. La tensión aumentó después de la muerte de un manifestante de 24 años durante un operativo en la zona de La Paz, hecho que el Ejecutivo reconoció posteriormente, aunque sostuvo que las fuerzas de seguridad tenían instrucción de no emplear armas de fuego.
La Ley 1341, promulgada en octubre de 2020, desarrollaba la figura constitucional del estado de excepción y fijaba condiciones para su aplicación. Según el marco explicado por medios bolivianos, la Constitución permite al presidente declarar el estado de excepción mediante decreto aprobado en Consejo de Ministros, pero exige precisar el territorio afectado, los derechos restringidos y los motivos de la medida. Además, obliga a comunicarla a la OEA y la ONU en las primeras 24 horas y someterla a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo de 72 horas.
La abrogación cambia el terreno político en el que se mueve el Ejecutivo. No equivale por sí sola a declarar el estado de excepción, pero deja al Gobierno con mayor margen para recurrir a esa herramienta si considera que la Policía ha sido superada o que el orden público no puede restablecerse mediante facultades ordinarias. La medida abre también un debate sensible en Bolivia, donde los estados de sitio y las intervenciones militares en crisis internas forman parte de una memoria política marcada por episodios de represión y conflicto social.
Para sus impulsores, la derogación es una respuesta institucional ante una crisis que amenaza la estabilidad del Estado. Para sus críticos, puede abrir la puerta a una militarización del conflicto social y a mayores restricciones de derechos en un país ya sometido a una fuerte presión económica, territorial y política.
Fuentes: Cámara de Diputados de Bolivia, El País, El País Bolivia, Europa Press.
