Belén Casas
(España) Vicepresidenta del Ateneo Iberófono Juan Latino. Licenciada en Diseño Digital y máster en Creatividad Publicitaria. Diplomada en Estrategia, Geopolítica y Seguridad Internacional en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Ha cursado estudios de Comunicación Audiovisual, así como formación en escritura creativa. Su trayectoria combina creación visual y comunicación estratégica. Mantiene una sólida conciencia iberófona, reforzada por sus vínculos familiares con México. Actualmente se encarga de la gestión de redes sociales del periódico La Iberofonía.
La reforma a la Ley de Glaciares (26.639) impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei ha sufrido un freno temporal en la Cámara de Diputados tras la presión ejercida por organizaciones sociales, ambientales y sectores de la oposición parlamentaria.
El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, iba a ser tratado mediante un procedimiento acelerado en el Congreso. Sin embargo, los bloques opositores lograron imponer la realización de dos audiencias públicas antes de continuar con el proceso legislativo.
Audiencias públicas para abrir el debate
Las jornadas de debate se celebrarán en dos fechas:
- 25 de marzo: audiencia presencial entre las 10:00 y las 19:00 horas.
- 26 de marzo: audiencia virtual o híbrida para facilitar la participación federal.
El formato permitirá la participación de representantes de provincias cordilleranas, especialistas, organizaciones sociales y comunidades potencialmente afectadas. Las exposiciones tendrán una duración aproximada de cinco minutos, aunque también podrán presentarse documentos y análisis técnicos por escrito.
El objetivo es incorporar a la discusión a las regiones donde nacen muchas de las cuencas hídricas del país, dependientes de los glaciares y de los ecosistemas periglaciares.
Argumentos jurídicos para exigir participación
Los sectores que impulsaron la apertura del debate público se apoyaron en el marco jurídico ambiental vigente, particularmente en la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de la población a un ambiente sano y establece la obligación de garantizar procesos participativos en decisiones que puedan afectar recursos naturales.
Además, varios diputados criticaron que el Poder Ejecutivo no estuviera presente en el plenario inicial de comisiones y reclamaron su participación activa en el debate legislativo.
Reclamos por mayor participación territorial
Entre los pedidos planteados por legisladores y organizaciones sociales se encuentra la inclusión de:
- Comunidades indígenas, cuyas tierras y recursos hídricos podrían verse afectados.
- Gobiernos provinciales y actores locales vinculados a las cuencas glaciares.
- Especialistas científicos y universidades que investigan el impacto del cambio climático y de la actividad extractiva en zonas cordilleranas.
También se solicitó regionalizar el debate para que los territorios involucrados tengan mayor capacidad de intervención.
Un freno al tratamiento acelerado
Como resultado de este acuerdo, el gobierno no podrá contar con la aprobación definitiva de la reforma antes de abril. El proceso legislativo deberá continuar después de las audiencias, lo que retrasa el calendario previsto inicialmente por el oficialismo.
Diversas organizaciones ambientales interpretaron la decisión como una victoria parcial de la movilización social, al considerar que se evitó un tratamiento exprés de una ley que afecta a recursos estratégicos para el país.
El debate de fondo: agua, minería y desarrollo
La discusión sobre la Ley de Glaciares se ha convertido en uno de los debates ambientales más relevantes de Argentina. Los glaciares y los ambientes periglaciares funcionan como reservas naturales de agua dulce que alimentan numerosas cuencas hidrográficas de la cordillera de los Andes.
Para el gobierno, la reforma busca permitir un mayor desarrollo económico, especialmente en sectores vinculados a la minería y la inversión productiva. Para sus críticos, en cambio, los cambios podrían debilitar los mecanismos de protección ambiental establecidos en la legislación vigente.
En ese contexto, las audiencias públicas previstas para finales de marzo serán un espacio clave para que expertos, comunidades y organizaciones sociales expongan sus argumentos antes de que el Congreso retome el debate legislativo.
