Belén Casas
(España) Vicepresidenta del Ateneo Iberófono Juan Latino. Licenciada en Diseño Digital y máster en Creatividad Publicitaria. Diplomada en Estrategia, Geopolítica y Seguridad Internacional en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Ha cursado estudios de Comunicación Audiovisual, así como formación en escritura creativa. Su trayectoria combina creación visual y comunicación estratégica. Mantiene una sólida conciencia iberófona, reforzada por sus vínculos familiares con México. Actualmente se encarga de la gestión de redes sociales del periódico La Iberofonía.
La discusión sobre la reforma de la Ley 26.639 —Ley de Glaciares— no ocurre en el vacío. Coincide con el avance de convenios de asesoramiento hídrico en varias provincias argentinas con la empresa estatal israelí Mekorot. Esta empresa israelí denunciada por controlar el agua en Palestina, avanza silenciosamente
El cruce entre ambas agendas en Argentina, abre un interrogante mayor: ¿quién administra el agua y bajo qué prioridades, en un contexto de crisis hídrica global?
La llave de las nacientes
La Ley de Glaciares protege glaciares y ambiente periglacial —los suelos congelados que regulan caudales— y fija presupuestos mínimos de protección ambiental a nivel nacional. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su constitucionalidad frente a impugnaciones de empresas mineras.
La reforma impulsada desde el Ejecutivo busca flexibilizar criterios y habilitar mayor margen a provincias para redefinir zonas protegidas. Organizaciones y juristas advierten que esto podría abrir la puerta a proyectos mineros en áreas hoy vedadas. En la cordillera occidental nacen ríos que sostienen 39 cuencas; en el oeste argentino, hasta el 60% del caudal en sequía depende del aporte glaciario.
“Los glaciares son las reservas de agua del mundo”, sostiene Marta Maffei, ex diputada e impulsora de la ley original. El trasfondo no es técnico: es vital.
El horizonte 2030–2050: menos agua, más competencia
Informes académicos proyectan para Cuyo una caída de hasta 25% en disponibilidad hídrica hacia 2050–2070, por cambio climático y sobreexplotación de acuíferos. El escenario se describe en etapas:
- Corto plazo (1–5 años): medición “inteligente” y revisión tarifaria bajo criterio de “valor real” del agua.
- Mediano plazo (10–20 años): mayor competencia entre consumo humano, riego y minería; descenso de napas si la extracción supera la recarga.
- Largo plazo (2050+): reducción estructural de caudales y recortes en sequías extremas.
El riesgo inmediato no es un colapso súbito, sino una curva descendente si no hay límites estrictos.
Mekorot y la gestión del recurso
En paralelo, provincias avanzan acuerdos de asesoría con Mekorot, con el argumento de “modernizar” la gestión. El debate es conceptual: ¿agua como derecho humano o como insumo industrial con tarifa ajustada a mercado?
Críticos señalan tres puntos sensibles:
- Acceso a datos estratégicos sobre acuíferos (incluidos sistemas vinculados al Acuífero Guaraní).
- Transparencia y control legislativo de los convenios.
- Consulta previa a comunidades, conforme al Convenio 169 de la OIT.
El desembarco de Mekorot no es un hecho aislado. La empresa que controla más del 80 % del agua en Palestina ya ha sido mencionada en informes de la ONU por su rol en la redistribución desigual de un recurso vital en contextos de ocupación. Su modelo de gestión —tecnocrático, centralizado y orientado al lucro— se presenta en Iberoamérica bajo el discurso de la “cooperación técnica”, pero reproduce esquemas de desposesión y dependencia. No hay sentencia firme que anule los acuerdos, pero sí presentaciones judiciales en varias provincias.
Los proyectos en espera
En San Juan, desarrollos como El Pachón (Glencore/Lundin) o Los Azules (McEwen Copper), entre otros, dependen de la delimitación de zonas protegidas. En Mendoza, el Distrito Minero Malargüe Occidental reúne más de 70 iniciativas en evaluación. En Catamarca, Agua Rica continúa en permisos. Son inversiones millonarias; todas requieren agua.
Tormenta perfecta
La combinación de flexibilización normativa en nacientes y un modelo de gestión que prioriza eficiencia y tarifas puede desplazar el derecho humano al agua frente a la rentabilidad industrial. En un mundo que ya habla de “bancarrota hídrica”, la pregunta es estratégica: ¿qué se protege primero cuando el recurso escasea?
El debate sobre glaciares y Mekorot no es sectorial. Es soberanía hídrica.
