Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La sanción y publicación de un decreto legislativo que ordena un nuevo escrutinio electoral ha generado una crisis institucional en Honduras, al intensificar el conflicto entre el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE). La medida fue aprobada en una sesión extraordinaria del Legislativo cuya legalidad ha sido cuestionada por sectores políticos y jurídicos debido al quórum con el que se desarrolló.
El decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta un día después de la sesión parlamentaria y recibió la sanción presidencial de la mandataria Xiomara Castro. La norma instruye la realización de un nuevo conteo de votos, a pesar de la declaratoria oficial de resultados emitida previamente por el CNE, órgano constitucionalmente responsable de los procesos electorales.
Diversos actores han señalado que la sesión legislativa se celebró con la presencia exclusiva de diputados propietarios y suplentes del partido Libertad y Refundación (Libre), tras la ausencia de bancadas de oposición, lo que ha dado lugar a cuestionamientos sobre la validez de las decisiones adoptadas. Durante la jornada, se presentó un informe sobre la presunta legalidad de la declaratoria electoral y se formularon señalamientos contra la oposición política.
Desde el ámbito legislativo, el diputado liberal Marlon Lara afirmó que la actuación del Congreso Nacional vulnera el orden constitucional y sostuvo que los hechos podrían ser objeto de responsabilidad futura. En declaraciones públicas, consideró que la medida busca modificar el curso del proceso electoral y llamó a respetar la transición política.
En el plano jurídico, el abogado penalista Félix Ávila señaló que la sesión carecería de legalidad por no cumplir con el quórum requerido y subrayó que el Congreso no tiene atribuciones constitucionales para intervenir en el escrutinio electoral. Añadió que la publicación del decreto en La Gaceta otorga una apariencia de legalidad a un acto cuya competencia correspondería exclusivamente al CNE.
La diputada liberal Maribel Espinoza indicó que la sanción del decreto compromete tanto al Ejecutivo como al Legislativo y advirtió sobre posibles responsabilidades penales. No obstante, destacó la postura de las Fuerzas Armadas de Honduras, a las que atribuyó el resguardo del material electoral y el respaldo a la declaratoria emitida por el CNE.
En diciembre, el Jefe del Estado Mayor Conjunto había manifestado públicamente que las Fuerzas Armadas apoyarían la declaratoria del órgano electoral con el fin de respetar el voto popular. Según declaraciones recientes de dirigentes de oposición, la institución castrense mantendría la custodia del material electoral y no lo entregaría a terceros.
Tras la aprobación del decreto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que, en caso de que el CNE no acate la disposición legislativa, el Parlamento podría asumir el escrutinio y emitir una nueva declaratoria de resultados. Esta afirmación incrementó la tensión institucional y generó nuevas reacciones en el ámbito político.
La crisis se desarrolla en un contexto de alta polarización, marcado por incidentes durante la sesión legislativa, incluidos enfrentamientos y denuncias de agresiones contra diputados de oposición por parte de simpatizantes oficialistas. Analistas señalan que la situación coloca bajo presión el proceso de transición democrática y mantiene en incertidumbre el desarrollo institucional del país en la antesala del relevo político
