Jaime
El Consejo de Seguridad de la ONU ultima en Nueva York la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), en un momento simbólico: se cumplen 50 años de la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, que alteraron la administración del territorio y siguen marcando el debate político y jurídico sobre su estatuto.
La MINURSO fue creada en 1991 para supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y apoyar la organización de un referéndum de autodeterminación, según las resoluciones de la ONU sobre descolonización. A lo largo de tres décadas, el Consejo de Seguridad ha prorrogado periódicamente su mandato, insistiendo en la búsqueda de una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable” que respete los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Diplomáticos consultados por distintos medios prevén una nueva renovación por un año, con llamamientos al “realismo” y al “compromiso” entre las partes. El borrador de resolución mantiene el apoyo al enviado personal del secretario general y a la continuidad del proceso político bajo los parámetros de la ONU, sin cambios de fondo en el mandato. Sin embargo, la revisión estratégica abre el debate interno sobre cuestiones operativas: capacidad de verificación sobre el terreno, interacción con la población local y gestión de incidentes en zonas sensibles, en un contexto en el que la misión dispone de recursos limitados y un mandato más restringido que otras operaciones de paz, especialmente en materia de derechos humanos.
El debate en la ONU coincide con el cincuentenario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania. A través de la “Declaración de principios sobre el Sáhara Occidental”, España se comprometió a descolonizar el territorio, transfiriendo la administración a Marruecos y Mauritania y culminando su retirada antes de febrero de 1976, tras haberlo considerado hasta entonces una provincia. El acuerdo se firmó pocos días después del fin de la Marcha Verde y supuso la retirada progresiva de tropas españolas, mientras fuerzas marroquíes y mauritanas se desplegaban en el territorio.
La ONU sigue incluyendo al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización.
Desde finales de los años setenta, Marruecos controla la mayor parte del territorio, mientras el Frente Polisario administra zonas del interior y mantiene campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia). La MINURSO opera fundamentalmente en la franja que separa ambas áreas y en determinados puntos urbanos, con restricciones de movimiento que han sido señaladas en informes del secretario general como un desafío operativo recurrente.
En paralelo, el papel de España continúa siendo objeto de discusión interna. En marzo de 2022, España comunicó su apoyo a la propuesta marroquí de autonomía como “base más seria, creíble y realista” para una solución, lo que reorientó su posición tradicionalmente más abierta a otras fórmulas dentro del marco de la ONU y generó un intenso debate político y social. Sin embargo España mantiene una posición jurídicamente relevante en el conflicto del Sáhara Occidental desde la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid en 1975. Aquel documento transfirió la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, pero no la soberanía, que según el Derecho Internacional solo puede decidirse mediante un referéndum de autodeterminación. La propia ONU nunca reconoció dichos acuerdos como válidos para modificar el estatus jurídico del territorio, que sigue figurando como “Territorio No Autónomo pendiente de descolonización”.
Un dictamen jurídico clave del asesor legal de Naciones Unidas, Hans Corell (2002), confirmó que los Acuerdos de Madrid no transfirieron la condición de potencia administradora a ningún otro Estado. Por ello, España continúa siendo la potencia administradora de iure, con la responsabilidad internacional de completar la descolonización, impulsar un referéndum y garantizar que cualquier explotación de recursos naturales cuente con el consentimiento del pueblo saharaui.
En este marco, el papel que España “debería” desempeñar, según las obligaciones internacionales vigentes, incluye defender el derecho a la autodeterminación, informar periódicamente al Comité de Descolonización de la ONU y promover que la Unión Europea respete la legalidad internacional en los acuerdos que afecten al territorio. Estas consideraciones continúan siendo referencia en cada desarrollo político relativo al Sáhara Occidental.
Entidades de la sociedad civil han aprovechado el 50 aniversario de los acuerdos de 1975 para reclamar una mayor implicación en la búsqueda de una salida negociada que incluya mecanismos claros de consulta a la población saharaui.
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