Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La Cámara de Diputados de Bolivia celebró este martes una sesión marcada por un clima de tensión durante el tratamiento de la Ley de Convocatoria a las Elecciones Subnacionales de marzo de 2026, un proyecto cuya aprobación debe concretarse antes del 22 de noviembre, según el plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El debate derivó en interrupciones, discusiones y recriminaciones que evidenciaron la dificultad de alcanzar un consenso político en el corto plazo.
Durante la sesión, la diputada Lissa Claros, de la Alianza Libre, denunció que las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto original remitido por el TSE podrían limitar la participación de más de 50 agrupaciones ciudadanas con personería jurídica vigente. Según explicó, los cambios afectarían los mecanismos de habilitación electoral, dejando fuera a organizaciones que han cumplido los requisitos legales para presentarse a los comicios subnacionales.
Claros sostuvo que aprobar la convocatoria sin respetar estos derechos políticos fundamentales podría abrir la vía a futuras acciones de inconstitucionalidad, lo que impactaría directamente en el desarrollo del calendario electoral. Añadió que Bolivia no debería repetir situaciones anteriores en las que decisiones legislativas redujeron la presencia de nuevos actores políticos dentro de la competencia electoral. En su intervención, señaló que tales restricciones podrían fortalecer prácticas asociadas a estructuras partidarias tradicionales, que suelen negociar candidaturas mediante pactos internos o acuerdos circunstanciales.
La legisladora también cuestionó el procedimiento legislativo seguido en el Senado, argumentando que las modificaciones fueron aprobadas sin un proceso de diálogo amplio, sin explicación pública suficiente y sin la participación de todos los bloques parlamentarios. Señaló que decisiones adoptadas “por encima de la cabeza” de varios diputados pueden incrementar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y debilitar la percepción de transparencia en la elaboración de normas electorales.
A medida que avanza el calendario, la proximidad del límite del 22 de noviembre genera inquietud dentro del Parlamento. Algunos legisladores expresaron dudas sobre la viabilidad de alcanzar un acuerdo antes de esa fecha, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del cronograma oficial para las elecciones de 2026. El TSE ha insistido en la necesidad de contar con una base legal aprobada para iniciar los preparativos logísticos y administrativos del proceso electoral.
En este contexto, Claros reiteró que la bancada de Libre mantiene su disposición al diálogo, aunque subrayó que cualquier acuerdo debe garantizar condiciones que permitan la participación plena de todas las agrupaciones ciudadanas. Para la diputada, asegurar la pluralidad política y la correcta representación local constituye un requisito fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática en municipios, departamentos y autonomías indígenas. El proceso legislativo continuará en los próximos días con reuniones orientadas a revisar los artículos observados y buscar un texto de consenso.
