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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

La ciudad autónoma de Melilla vive desde finales de julio en estado de alerta ante un posible intento de entrada masiva como el ocurrido en Ceuta el día 30 de julio. Ante esto, el Gobierno Central ha desplegado un patrullero, un helicóptero y una barrera flotante en el dique sur.

Llegué a Melilla el 15 de agosto, con la ciudad en el mismo estado de alerta que llevaba arrastrando desde finales de julio: el temor a que la entrada masiva registrada en Ceuta se repitiera en las costas melillenses. La situación bajo la que se encuentra Ceuta ha dejado una pregunta inevitable, ¿qué ocurriría si un episodio similar se produjera en Melilla?

Durante aquellos días comenzaron a circular además diferentes mensajes en redes sociales anunciando una supuesta apertura de la frontera durante horas para permitir la entrada de quienes intentaran cruzarla. El mensaje no necesitaba ser cierto para producir un efecto tangible en una ciudad que ya permanecía pendiente de cualquier movimiento al otro lado de la frontera. Sin embargo, había otra cuestión menos visible y es: ¿qué estaba haciendo realmente España para prepararse?

Lo que encontré al día siguiente, ya sobre el terreno, en el dique sur —espigón que separa Melilla del puerto de Nador—, fue una barrera flotante instalada a mediados de agosto o lo que popularmente se ha conocido como “el flotador” y una puerta cerrada con candado que da directamente al mar abierto por ambos lados, algo así como una puerta hacia la nada y el todo a la vez, algo así como la puerta de Schrödinger.

La barrera flotante consiste en una manga naranja de plástico flexible, anclada a la escollera del dique con una cadena y señalizada con pequeñas boyas cada pocos metros. Ni siquiera incorpora un elemento rígido ni una estructura sumergida capaz de impedir físicamente que una persona nade por debajo o simplemente por encima.

A ambos lados de la puerta hay exactamente el mismo mar abierto. El elemento no está concebido como una muralla capaz de detener por sí solo una entrada masiva, sino como una delimitación física del espacio a partir del cual pueden aplicarse determinadas actuaciones de rechazo en frontera. Y aquí encontramos una de las claves para entender toda la polémica. La barrera tiene una función jurídica y operativa concreta. El problema aparece cuando esa medida se presenta, explícita o implícitamente, como si constituyera por sí misma un verdadero blindaje frente a una entrada masiva, cuando no es más que una obra de ingeniería jurídica, pero que en absoluto ejerce como elemento realmente defensivo o disuasorio en nuestras fronteras.

Un patrullero, un helicóptero y una delegada del Gobierno

El 6 de agosto zarpó de Cádiz hacia Melilla el Río Segura, el patrullero de altura insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, un buque de 73 metros diseñado para operaciones en alta mar. Cuatro días después, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, visitó la embarcación acompañada del coronel jefe de la Comandancia, Jesús Rueda, y destacó ante la prensa la importancia de los medios desplegados.

El 10 de agosto, Moh protagonizó una segunda visita institucional: esta vez a un helicóptero AS365 Dauphin de la Unidad Aérea de Málaga del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, incorporado al servicio de vigilancia fronteriza. La tripulación está formada por cuatro personas —dos pilotos, un operador de sistemas y un mecánico—, al mando del capitán Enrique Terrón, y se trata de una unidad que ya operaba de forma habitual en el control del Estrecho y el Mar de Alborán antes de la crisis, y que fue presentada como parte del refuerzo del dispositivo.

Dos visitas institucionales en cuatro días, con un mensaje muy similar, la delegada subrayando la importancia de contar con los medios humanos y materiales necesarios. Aparentemente, el despliegue parece considerable, pero ¿cuánto porcentaje de ese despliegue constituye realmente un incremento de capacidades y cuánto supone trasladar o reorientar medios que ya existían? El patrullero y el helicóptero no aparecen de la nada, son medios que ya forman parte de las capacidades de la Guardia Civil y que desarrollaban funciones de vigilancia marítima antes de esta crisis. Por eso, más que preguntarnos únicamente cuántos medios aparecen en las fotografías oficiales, deberíamos preguntarnos cuántos efectivos adicionales hay realmente sobre el terreno y durante cuánto tiempo, pues es precisamente en ese punto donde comienzan las críticas de las organizaciones profesionales.

“MEDIDAS COSMÉTICAS”

JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha repetido esa misma crítica en al menos media docena de comunicados desde primeros de agosto. Sobre la Instrucción 9/2026, que ampara jurídicamente el rechazo en frontera mediante la instalación de barreras marítimas, el sindicato ha sido tajante: no incorpora un solo efectivo más, no aumenta los medios materiales ni mejora la capacidad operativa de las unidades desplegadas. La calificó de “propaganda política” y de “medidas cosméticas”, y reclamó un plan urgente de refuerzo con más agentes, embarcaciones, vehículos y drones, además de la actualización de un catálogo de puestos de trabajo que, según denuncia, lleva más de veinte años sin revisarse.

En Ceuta, donde la presión ha sido mayor, el diagnóstico sindical fue aún más duro. El 31 de julio, en plena entrada masiva, JUCIL alertó de un “colapso inminente” para la ciudad y exigió el despliegue del Ejército ante lo que describió como un desbordamiento total de los efectivos policiales, con apenas un centenar de agentes por turno para una ciudad en la que, según sus propias estimaciones, podía haber entre 40.000 y 50.000 migrantes en sus calles —una cifra distinta de los 70.000-72.000 que el Gobierno cifró oficialmente como total de entradas entre el 30 y el 31 de julio—. El sindicato denunció además que, pese a contar con más de 3.000 militares ya destinados en la zona, únicamente se les había asignado apoyo logístico, sin autorización para intervenir en tareas de seguridad ciudadana.

Semanas después, la AUGC reclama en la misma ciudad 200 guardias civiles más de forma permanente y calificaba de insuficiente la barrera instalada en El Tarajal y ponía como ejemplo una embarcación que se sumó al dispositivo y quedó inoperativa apenas dos días después de llegar. La asociación ha extendido esa misma denuncia de sobreesfuerzo y falta de compensación económica a los agentes destinados en Melilla.

La cuestión, por tanto, no es si España dispone de patrulleros, helicópteros o barreras. La cuestión es si dispone de capacidad suficiente para utilizarlos de forma sostenida cuando se produce una violación de nuestras fronteras y de nuestra soberanía como las que se llevan dando en los últimos meses en Ceuta, Melilla o incluso en las Chafarinas como ha estado ocurriendo la pasada semana.

Ingeniería jurídica, pero nada de defensa física

Puedo entender el porqué de estas medidas, pues sin ese elemento físico, cualquier rechazo aplicado en el agua podía caer ante los tribunales, y la Instrucción 9/2026 responde a una interpretación concreta del Supremo —la sentencia 814/2026, de 29 de junio—, que recordemos, interpreta las normas, no las elabora. El problema no es que exista una respuesta jurídica, sino que mes y medio después de que decenas de miles de personas entraran a Ceuta sorteando un dispositivo casi idéntico, la respuesta institucional en Melilla siga siendo, ante todo, jurídica.

Una barrera pensada para dar cobertura legal a una intercepción puntual no es una barrera pensada para contener un salto masivo. Lo demostró la propia Ceuta el 30 y 31 de julio, y lo volvió a insinuar el intento frustrado de mediados de agosto en Fnideq (Castillejos). Si el escenario que se maneja y que se sigue advirtiendo en Melilla es el de una entrada de miles de personas en poco tiempo, ni una línea de flotadores ni una puerta simbólica van a alterar el resultado sobre el terreno. Alterarán, eso sí, lo que la Guardia Civil pueda hacer legalmente una vez que ese resultado ya se haya producido.

El Ejército, a la espera de permiso

La petición de un despliegue militar más amplio no se ha quedado en los sindicatos policiales. Según fuentes militares, el Ejército de Tierra solicitó formalmente un refuerzo de efectivos no solo para Ceuta, sino también para Melilla y para las islas y peñones de soberanía española en el norte de África. El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, no autorizó inicialmente esa petición conjunta aludiendo a que las Fuerzas Armadas no tienen competencias en materia de seguridad ciudadana, lo que limita su margen de actuación aunque estén desplegadas sobre el terreno.

Semanas más tarde, y tras la insistencia de asociaciones como ATME, Defensa sí reforzó Ceuta con más de 150 militares procedentes del Mando de Canarias. Hasta la fecha, no consta un movimiento equivalente para Melilla. Esto vuelve a situarnos ante la misma cuestión: si el Gobierno considera que existe un escenario excepcional, ¿dónde está la planificación excepcional?

Sin protocolo para la próxima alerta

La convocatoria de un nuevo intento de entrada masiva para el 15 de agosto, difundida en redes sociales marroquíes con referencias a Fnideq y dirigida sobre todo a Ceuta, resultó ser en gran parte un rumor sin confirmar. Pero según pudo saber a principios de agosto, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido hasta entonces instrucciones extraordinarias, protocolos específicos ni refuerzos adicionales pensados para un episodio similar al de Ceuta. Las fuentes policiales consultadas explicaron que las Unidades de Intervención Policial podrían desplegarse en Ceuta o Melilla en un plazo de unas doce horas si la situación lo exigiera, pero no existía hasta entonces un dispositivo extraordinario preparado específicamente para afrontar un episodio de características similares al ocurrido en Ceuta.

En este sentido, la diferencia entre reaccionar o ejecutar un plan es fundamental. Esperar a que se produzca una crisis para comenzar a movilizar recursos significa aceptar que durante las primeras horas de esa crisis el Estado estará reaccionando, no ejecutando un plan previamente diseñado. Y una frontera sometida a la presión bajo la que se encuentran Ceuta y Melilla necesita previsión y no simplemente una reacción que llega mal y tarde en la mayoría de ocasiones.

Una frontera que también se disputa con palabras

Todo esto ocurre, además, mientras Marruecos ha vuelto a poner sobre la mesa su reivindicación histórica sobre Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclamó en agosto los “derechos históricos y geográficos” de su país sobre ambas ciudades y propuso un mecanismo de diálogo orientado a una “solución definitiva”; días después, el ministro de Asuntos Religiosos evocó, en un acto presidido por Mohamed VI, la liberación de las “ciudades ocupadas”. España respondió con un rechazo diplomático, en el que el ministro Albares reiteró la postura española ante el Congreso de los Diputados.

La presión sobre Ceuta y Melilla, por tanto, no puede analizarse únicamente desde la perspectiva migratoria, sino que existe también una clara dimensión diplomática y territorial. Esto nos obliga a preguntarnos si la política española hacia ambas ciudades está diseñada únicamente para gestionar episodios puntuales de presión migratoria o si existe una estrategia más amplia para afrontar una situación en la que los instrumentos migratorios, diplomáticos y fronterizos pueden terminar interactuando.

No hace falta afirmar que cada episodio migratorio responda a una operación política marroquí para reconocer que Rabat ha utilizado históricamente la cuestión migratoria y fronteriza como elemento de presión en sus relaciones con España. Pero precisamente por eso, la respuesta española debería ser especialmente previsible, estructurada y cuestión de Estado.

Lo que no se ve en las fotos

Las imágenes que acompañan esta especie de reportaje muestran una infraestructura mínima, en apariencia inofensiva, levantada donde hace apenas unas semanas se temía una réplica de lo ocurrido en Ceuta. No cuestiono la legalidad de la medida ni la necesidad de que la Guardia Civil actúe con cobertura jurídica. Tampoco cuestiono que un patrullero, un helicóptero o una barrera puedan ser útiles.

Lo que cuestiono es que esas medidas puedan presentarse como respuesta suficiente ante un escenario que, por definición, requiere mucho más. Cuestiono que, a estas alturas, sea lo único visible sobre el terreno. Melilla necesita una política fronteriza que combine capacidad física de contención, una mayor dotación de efectivos que sean también permanentes, medios materiales adecuados, protocolos específicos para escenarios extraordinarios y una posición diplomática que no dependa de que cada verano vuelva a abrirse el mismo debate sobre quién manda en nuestras fronteras.

No se trata de llenar el puerto de uniformes de los distintos FCSE, ni de militarizar la ciudad por sistema. Se trata de que, si el Estado considera que existe un riesgo excepcional, sus capacidades estén dimensionadas para ese riesgo.

La boya puede cumplir la función para la que fue instalada, la Instrucción puede proporcionar a los agentes el marco jurídico que necesitaban, pero ninguna de las dos cosas responde a la pregunta fundamental:

¿Qué ocurriría si mañana vuelven a llegar miles?

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