Adrián Sánchez Sallán
(España) Editor en La Iberofonía, especialista en defensa y geopolítica. Combina su profesión como técnico en procesos industriales con sus estudios en el programa de Experto Universitario en Materialismo Político en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es portavoz del Ateneo Iberófono Juan Latino.
ACOM vuelve a la carga. El lobby proisraelí ha denunciado ante el Tribunal de Instancia de Madrid a Santiago Armesilla, uno de los divulgadores más seguidos del pensamiento crítico en español, con más de 422.000 suscriptores, por atreverse a hablar sin pelos en la lengua sobre el papel del sionismo y de ciertos sectores judíos organizados en la política, las finanzas y los medios. No es la primera vez ni será la última: ACOM ha convertido la denuncia penal en su arma preferida contra cualquiera que ose apartarse del guion oficial sobre Israel, y Armesilla es solo el último nombre de una lista que no deja de crecer. Que una asociación privada con fuertes vínculos empresariales y políticos pretenda silenciar por la vía judicial el análisis geopolítico de un académico es, cuando menos, un ejercicio de poder que merece ser señalado con la misma contundencia con la que ellos señalan a quien se atreve a criticarles.
Pero aceptemos, solo por un momento y a efectos dialécticos, el marco que ACOM quiere imponer: que generalizar sobre un colectivo religioso a partir de patrones de conducta reales y documentados constituye delito de odio. Si esa es la vara de medir, apliquémosla sin excepciones y veamos qué encontramos cuando la dirigimos hacia quienes de verdad tienen poder para hacer daño: no un canal de YouTube, sino un ministro en ejercicio del Gobierno de Israel.
Un patrón sostenido, no un caso aislado: la persecución de cristianos en Tierra Santa
El Rossing Center, organización dedicada al diálogo interreligioso con sede en Jerusalén, lleva años monitorizando sistemáticamente los ataques contra la comunidad cristiana en Israel y Jerusalén Este. Sus cifras muestran una escalada que no admite lectura de “hecho puntual”: 111 incidentes documentados en 2024, 181 en 2025, y según informaciones de julio de 2026, la cifra de ataques y hostigamientos ha vuelto a duplicarse en lo que va de año. El propio informe del Rossing Center es explícito sobre quién los comete: la responsabilidad recae “exclusivamente en individuos identificados como judíos, principalmente hombres jóvenes de círculos ultraortodoxos y nacional-religiosos”. No es una generalización sobre “los judíos”; es, igual que exige la denuncia contra Armesilla, la identificación de un patrón protagonizado por sectores concretos, con datos, fechas y responsables señalados.
Entre esos hechos: el asalto a una casa de retiro católica en el norte de Israel, en la que se dañaron objetos sagrados y se sustituyeron por símbolos religiosos judíos; más de la mitad de las agresiones consisten en escupitajos sistemáticos a monjes, monjas y sacerdotes por su vestimenta eclesiástica; y el vandalismo reciente de la Iglesia de San Antonio de Padua en Jaffa, con estatuas religiosas destrozadas y cruces rotas, en agosto de 2026. Los líderes de las iglesias cristianas de Jerusalén han pedido formalmente al Gobierno de Netanyahu que reconozca estos hechos como “crímenes de odio”, el mismo término jurídico que ACOM invoca contra Armesilla.
Cuando la incitación llega al Gobierno: el caso Ben Gvir
Si hablamos de discurso público con capacidad de influir en cientos de miles de personas —el mismo criterio que la denuncia contra Armesilla subraya sobre sus 422.000 suscriptores—, el caso más grave no es el de un canal de YouTube, sino el de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. Antes de entrar en política, Ben Gvir defendió abiertamente que los judíos escupieran a los cristianos calificándolo de “antigua costumbre judía”. Ya como ministro, tras el arresto en 2023 de cinco judíos ultraortodoxos haredim por escupir a cristianos a las puertas de sus iglesias, declaró públicamente que “no se trataba de un caso” de delito de odio. No es una opinión de un usuario anónimo en una red social: es la máxima autoridad de seguridad del Estado de Israel normalizando, desde su cargo, una práctica de humillación religiosa sistemática contra un colectivo cristiano ya documentado por decenas de informes independientes.
Ben Gvir, además, arrastra un historial que la propia comunidad judía alemana e instituciones internacionales han condenado: fue coordinador juvenil de Kach, el movimiento fundado por el rabino Meir Kahane y declarado organización terrorista por Estados Unidos tras respaldar la masacre de Hebrón de 1994, en la que el extremista Baruch Goldstein asesinó a 29 musulmanes que rezaban en una mezquita. Su partido, Otsmá Yehudit, heredero de esa misma ideología kahanista y antiárabe, obtuvo seis escaños en las elecciones israelíes de 2022 y forma parte del Gobierno. Este mismo verano, sus declaraciones abogando por matar “entre 30 y 40 personas cada noche” en Gaza fueron condenadas “enérgicamente” por el propio canciller alemán, Friedrich Merz, y por el Consejo Central de los Judíos de Alemania. No hablamos de un canal de YouTube: hablamos de un cargo público con capacidad ejecutiva real sobre millones de personas, cuestionado incluso por sus propios aliados internacionales.
El frente diplomático: cuando la respuesta oficial también recurre al estereotipo histórico
Este patrón no se limita al ámbito religioso. Cuando España anunció medidas contra Israel por la guerra de Gaza, el propio ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió en redes sociales acusando al “corrupto Gobierno de Sánchez” de un “activismo obsesivo” contra Israel y de una “sorprendente falta de conciencia histórica” respecto a “los crímenes de España contra el pueblo judío”, citando expresamente la Inquisición y la expulsión de 1492 como una “completa limpieza étnica”. Es un mensaje oficial de un Gobierno extranjero que apela a heridas históricas de hace más de cinco siglos para descalificar políticamente a un Estado soberano actual, en un tono que dista mucho de la diplomacia tradicional. La escalada verbal llegó también al terreno personal: tras el trato de Ben Gvir a activistas de una flotilla humanitaria —entre ellos españoles—, el propio Albares calificó los hechos de “trato monstruoso, indigno y humillante”, una reacción que el propio Netanyahu terminó validando parcialmente al reconocer que la actuación de su ministro no se ajustaba a los estándares esperados.
El matiz que exige el rigor: esto no es “los judíos”
Aquí conviene aplicarse la misma exigencia de precisión que la denuncia de ACOM reclama para el caso de Armesilla: nada de lo anterior legitima ni un ápice hablar de “los judíos” como colectivo homogéneo culpable de odio hacia cristianos o musulmanes. De hecho, la propia tradición rabínica ofrece los mejores contraejemplos: el Gran Rabino de Jerusalén condenó públicamente en 2011 la práctica de escupir a religiosos cristianos, calificándola de profanación del nombre de Dios; y en 2026, dos rabinos ortodoxos han condenado explícitamente los atropellos contra los cristianos en Tierra Santa. Incluso en Alemania, el Consejo Central de los Judíos condenó las declaraciones de Ben Gvir sobre Gaza con la misma firmeza que el propio Gobierno alemán. El Rossing Center, que documenta estos ataques con todo detalle, es precisamente una organización judeo-cristiana dedicada a combatir ese extremismo desde dentro.
Ese es el punto: se puede y se debe señalar con nombre, cargo y fuente verificable a Ben Gvir, a Gideon Saar, a Otsmá Yehudit, a los círculos ultraortodoxos identificados en los informes del Rossing Center, sin que eso implique una sola palabra de generalización sobre el judaísmo o el pueblo judío en su conjunto. Es exactamente la misma distinción que separa la crítica legítima a un Gobierno de la incitación al odio contra un colectivo religioso. La coherencia exige aplicarla en ambas direcciones.
La paradoja final: quién financia lo que Ben Gvir normaliza
Y aquí aparece, de soslayo, una de las contradicciones más incómodas de todo este tablero: mientras cristianos autóctonos de Jerusalén —católicos, ortodoxos, palestinos— sufren un patrón creciente de escupitajos, vandalismo y humillación pública amparado por la inacción o la justificación explícita de un ministro israelí, Israel recibe simultáneamente un respaldo político y económico masivo de los movimientos de sionismo cristiano evangélico en Estados Unidos y América Latina, corrientes que consideran el apoyo incondicional al Estado de Israel un mandato teológico. Es decir: parte del dinero y del capital político que sostiene a un Gobierno bajo el cual un ministro llama “tradición” al maltrato de clérigos cristianos procede, precisamente, de cristianos de otras confesiones al otro lado del Atlántico. Una paradoja que merecería, por sí sola, un análisis aparte, pero que conviene al menos dejar apuntada: no todo el “sionismo cristiano” es homogéneo, como tampoco lo es “el judaísmo”, y el mismo rigor que exigimos para no generalizar sobre unos debería aplicarse también sobre los otros.
Una ofensiva judicial que no se detiene en un solo caso
La denuncia contra Armesilla no es un hecho aislado, y conviene decirlo con la misma precisión con la que hemos tratado el resto de este artículo. En las últimas semanas, ACOM ha llevado a los tribunales, por hechos de naturaleza muy similar, a otras dos figuras con enorme alcance en redes: el coronel retirado Pedro Baños, titular de “El Canal del Coronel” (más de 920.000 suscriptores), al que acusa de definir a la propia ACOM como “la cara visible del lobby judío en España” y de vincular a sus responsables con “toda la gran hiperfortuna de los Adelson”; y al divulgador Rubén Gisbert, denunciado ante el Tribunal de Instancia de Dénia por presunto negacionismo del Holocausto e incitación al odio. A ellos se suman denuncias previas contra el analista Carlos Sánchez, la concejala de Podemos Lucía Muñoz por desear la “desaparición” del Estado de Israel, un intento fallido de suspender judicialmente la etapa española de La Vuelta ciclista por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech, y el anuncio de acciones legales contra el propio Pedro Sánchez y varios de sus ministros, según ha documentado el diario Público en un reportaje sobre la actividad judicial de la entidad desde el inicio de la guerra de Gaza.
No hace falta compartir cada palabra de lo que dijo Baños sobre los Adelson para reconocer el patrón de fondo: varios divulgadores, una política electa, una prueba deportiva y hasta el jefe del Gobierno señalados judicialmente en apenas un año por una misma entidad privada. Eso no es defensa puntual de la dignidad de un colectivo frente a discursos de odio verificables: es una estrategia de litigio sistemático diseñada para encarecer, agotar y amedrentar a cualquiera que se atreva a hablar de Israel, del sionismo o del papel de ciertos lobbies con algo más que reverencia. Armesilla no está solo, y esa es, quizá, la mejor noticia dentro de todo esto: la lista de quienes se niegan a callarse no deja de crecer.
