La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la constitucionalidad del decreto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para limitar el aumento anual del precio del alquiler de viviendas en la capital. Esta decisión se tomó durante la sesión ordinaria del 18 de febrero de 2026, en la que se revisó el amparo en revisión número 546/2025. El decreto establece que desde 2024 el aumento máximo en el precio de la renta no puede superar el índice inflacionario del año anterior.
Durante la discusión, los ministros señalaron que la medida no representa una restricción al derecho de obtener beneficios económicos mediante la renta de inmuebles, aunque consideraron que los aumentos deben ser razonables conforme al derecho a una vivienda adecuada.
La ministra Lenia Batres expuso que la proporción de propietarios de vivienda en Ciudad de México ha disminuido del 71 % en 2000 al 50 % en 2020, y destacó el aumento significativo del costo del suelo en los últimos 20 años. Asimismo, indicó que regulaciones como esta buscan asegurar una ganancia justa para arrendadores y arrendatarios.
En la misma sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar mencionó un proyecto para crear un registro digital de contratos de arrendamiento en la ciudad, con el fin de mejorar la transparencia y control del sector.
Esta resolución se produce en un contexto de protestas sociales por desalojos forzosos en varios sectores de Ciudad de México, que han aumentado en los últimos meses y han generado debates sobre la protección del derecho a la vivienda.
