La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La ciudad de Cartagena atraviesa, en 2025, una fase de expansión de obras públicas considerada la más significativa de las últimas décadas. Un balance técnico presentado por la Oficina de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura Municipal señala que este proceso podría estar entre los más influyentes en la transformación urbana y socioeconómica reciente de la ciudad. Según el informe, que emplea modelos econométricos, se proyectan mejoras en los indicadores de empleo y reducción de la pobreza durante el periodo de ejecución de las obras. Los responsables del informe afirman que el ciclo de inversión pública actual tiene el potencial de impulsar el dinamismo económico en sectores clave de Cartagena.
Las intervenciones incluyen proyectos en vías, renovación urbana y equipamientos, sumando una cantidad de recursos y acciones no registrada en periodos previos similares. Las autoridades municipales, encabezadas por la Secretaría de Infraestructura, han detallado el alcance de cada iniciativa e indican que existen mecanismos institucionales para el seguimiento de los avances y el uso de los recursos públicos involucrados.
Diferentes actores sociales, como representantes gremiales, organizaciones de vigilancia ciudadana y expertos en desarrollo urbano, han señalado la necesidad de fortalecer los procesos de transparencia y control en la ejecución de los proyectos. Estos sectores han indicado que la magnitud del esfuerzo requiere protocolos adicionales que permitan asegurar la continuidad, especialmente en contextos de cambios administrativos o riesgos de atrasos contractuales.
Algunos integrantes de las veedurías han advertido sobre los riesgos que podrían presentarse si no se establecen mecanismos de monitoreo independientes y reportes públicos periódicos sobre el avance de las obras. Del mismo modo, los gremios económicos han manifestado que el éxito de esta apuesta depende en parte de la articulación sostenida entre el sector público y las empresas contratistas, así como de la eficiencia en los procedimientos de adjudicación y ejecución.
